· El proyecto identifica riesgos, vacíos regulatorios y necesidades de participación comunitaria.
Ensenada, Baja California, lunes 06 de julio de 2026.- Ante el aumento de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), desarrolla el proyecto de investigación “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, encabezado por la doctora Mariana Villada Canela, investigadora titular C del IIO.
El estudio busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como Tijuana–Playas de Rosarito y San Quintín.
La investigadora explicó que el proyecto parte de una problemática urgente para la entidad. “La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó.
Los resultados preliminares muestran que la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.
“Encontramos opiniones divididas: existe esperanza de mejorar el acceso al agua, pero también desconfianza hacia la gestión institucional de este tipo de proyectos”, señaló la doctora Villada Canela.
La investigación identifica como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa. En este sentido, la académica destacó la importancia de incorporar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica. “La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”, indicó.
El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos. Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.
Como parte de los hallazgos, se detectaron vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación específica sobre desalinización, criterios de disposición de salmuera y mecanismos formales de participación ciudadana.
“Actualmente existen importantes áreas sin regulación clara. Por eso buscamos que los resultados puedan contribuir a políticas públicas más transparentes, incluyentes y sostenibles”, expresó la investigadora.
El proyecto contempla además la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.
“Este proyecto no solo produce conocimiento académico; también fortalece la relación entre universidad, comunidades y gobierno para construir soluciones reales frente a la crisis hídrica y climática que enfrenta Baja California”, concluyó la doctora Mariana Villada Canela.
Con este proyecto, la UABC refrenda su compromiso con la generación de conocimiento científico orientado a la atención de problemáticas prioritarias para la región, impulsando soluciones integrales que contribuyan a la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas costeros y el fortalecimiento de la participación social ante los desafíos que impone el cambio climático en Baja California.
