Cuando el próximo día 23, en la ceremonia de apertura de los Juegos, la llama olímpica entre en el estadio nacional de Tokio, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, estará cruzando mentalmente los dedos. Suga ha insistido contra viento y marea en que esta competición de competiciones se lleve a cabo, pese a la opinión en contra de la inmensa mayoría de los japoneses -un 86%, según las encuestas, temen una nueva ola o una nueva variante de covid durante el evento-, el personal sanitario e incluso de algunas destacadas empresas y anunciantes. Hasta el emperador Naruhito se encuentra “preocupado”, según la Casa Imperial.
Hay mucho en juego en este torneo marcado por la covid, que finalmente se celebrará sin público y con Tokio bajo su cuarto estado de emergencia sanitario. El primer ministro -que se ha apostado todo su prestigio, ahora mismo por los suelos, a la sola carta de celebrar las olimpiadas- arriesga el puesto en las elecciones generales que debe convocar no más tarde de octubre. El país pone en la picota una “pérdida de cara” de dimensiones épicas. Sobre todo, ante su vecina y némesis China, que el próximo febrero celebrará su propia edición de los Juegos Olímpicos, los de invierno en Pekín 2022. Pero, especialmente, se juega la marcha de la economía. Según varios analistas, dadas las limitaciones impuestas de aforo y movilidad, financieramente Japón tiene poco que ganar ya de la celebración de este evento. Pero mucho que perder.
Si todo hubiera salido como estaba previsto cuando la capital nipona presentó su candidatura, estos tenían que haber sido los “Juegos de la Recuperación” para el país. Como los de Tokio que en 1964 marcaron la vuelta de Japón a la comunidad internacional tras el ostracismo de la posguerra, los de 2020 debían celebrar el renacimiento tras el triple desastre de Fukushima hace una década, cuando un terremoto, un tsunami y el peor accidente nuclear del mundo en treinta años dejaron más de 20.000 muertos y devastaron esa prefectura y las de los alrededores.