Propone Michel Sánchez elevar el Derecho a la Ciudad a garantía constitucional y ordenar el desarrollo urbano en Baja California
• La presidenta del Poder Legislativo presentó un paquete de reformas para elevar el Derecho a la Ciudad a rango constitucional
• Se busca establecer un modelo de desarrollo urbano con enfoque de equidad, inclusión y sustentabilidad
Mexicali, Baja California, sábado 4 de julio de 2026.– La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una reforma integral a la Constitución Política del Estado, con el objetivo de elevar el Derecho a la Ciudad a rango de derecho humano, como parte de una transformación en la visión de gobierno orientada a colocar a las personas en el centro de las políticas públicas de desarrollo urbano.
La legisladora explicó que el Derecho a la Ciudad se entiende como la facultad de todas las personas para habitar, usar, producir y disfrutar ciudades justas, seguras y sostenibles. En este sentido, la iniciativa plantea la obligación de los gobiernos de garantizar movilidad eficiente, acceso a vivienda digna y espacios públicos adecuados, bajo criterios de justicia social, inclusión, sustentabilidad ambiental y resiliencia ante riesgos.
Como complemento a la reforma constitucional, la propuesta contempla modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, mediante la incorporación del artículo 3 BIS, con el fin de establecer un marco jurídico que permita ordenar el crecimiento urbano y evitar su desarrollo desarticulado en los municipios de la entidad.
La iniciativa también reconoce las barreras estructurales que enfrentan mujeres, niñas, personas adultas mayores y grupos históricamente vulnerados, por lo que incorpora de manera obligatoria la perspectiva de género y la accesibilidad universal en la planeación y gestión del territorio.
“La ciudad debe construirse para las personas y no para la especulación inmobiliaria; garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos es la base para una vida digna”, señaló la legisladora.
Asimismo, la propuesta busca fortalecer la protección del espacio público, evitar su reducción o desaparición ante intereses particulares y promover la conservación de áreas ambientales, así como priorizar la movilidad peatonal y ciclista frente al modelo centrado en el automóvil.
El proyecto establece además la protección de suelos con alto valor agropecuario y refuerza la alineación del marco jurídico estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de urbanismo, incluyendo los principios de ONU-Hábitat.
De aprobarse, la reforma implicaría un cambio estructural en la planeación urbana de Baja California, orientando el desarrollo de las ciudades hacia modelos más ordenados, inclusivos y sostenibles.
