Empresas privadas pagarán por fallas en proyectos federales de inversión mixta, aclara Sheinbaum
La mandataria contrastó este esquema con el rescate carretero y el Fobaproa, que trasladaron deudas privadas a las finanzas del país
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las empresas privadas involucradas en proyectos federales de inversión mixta asumirán las pérdidas en caso de que las obras fracasen o las compañías no puedan cumplir sus obligaciones financieras.
Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este jueves, la mandataria sostuvo que el gobierno federal no utilizará dinero público para rescatar a los inversionistas privados que participen en la construcción de carreteras u otros proyectos de infraestructura.
La explicación surgió después de que un reportero cuestionó las diferencias entre el actual modelo de inversión mixta y las concesiones carreteras otorgadas durante los gobiernos del PRI y el PAN, algunas de las cuales terminaron en rescates financiados por el Estado.
¿Quién pagará si falla un proyecto federal de inversión mixta?
Sheinbaum señaló que el principio central de los nuevos proyectos es que el riesgo correspondiente al capital privado será asumido por las propias empresas.
De acuerdo con la presidenta, si una compañía no puede concluir una carretera, cubrir sus deudas o mantener la viabilidad financiera de la obra, el gobierno no deberá intervenir para salvarla mediante recursos del presupuesto público. Las fallas en las obras de inversión mixta serían pagadas por los inversionistas.
“¿Quién corre el riesgo? Ellos. No corre el riesgo el pueblo de México”, afirmó la mandataria al explicar las condiciones bajo las cuales participa la iniciativa privada.
El planteamiento implica que las empresas participantes deberán:
- Garantizar que su inversión sea financieramente viable.
- Asumir las pérdidas derivadas de una mala planeación o administración.
- Responder con sus activos en caso de quiebra.
- Cumplir las obligaciones contractuales establecidas para cada proyecto.
- Evitar que sus deudas sean trasladadas a las finanzas públicas.
La presidenta indicó que no sería aceptable que una empresa recibiera recursos gubernamentales para continuar operando después de incumplir sus compromisos, mientras la deuda quedara a cargo de la población.
Sheinbaum compara el modelo con los rescates carreteros
Durante su respuesta, Claudia Sheinbaumrecordó que México atravesó dos rescates carreteros después de que varias empresas concesionarias enfrentaran problemas para concluir las obras o pagar los créditos contratados.
En esos casos, explicó, el sector privado realizó las inversiones iniciales, pero posteriormente el gobierno asumió sus obligaciones financieras cuando las compañías dejaron de tener capacidad para cubrir las deudas.
“Invierte el privado. Después ya no puede continuar, no puede pagar su deuda. ¿Y qué pasa? El gobierno lo rescata y permite que la empresa siga funcionando”, expuso la presidenta.
El problema, añadió, fue que el Estado pagó compromisos adquiridos por particulares y, posteriormente, algunas de las obras volvieron a quedar bajo operación privada.
“Le paga a la empresa lo que le debe a un banco, por ejemplo. Y lo peor es que se volvió a privatizar con ese esquema”, señaló.
La mandataria sostuvo que el modelo actual busca impedir que una situación similar vuelva a presentarse. Aunque reconoció que todavía existen carreteras concesionadas y empresas que se encuentran terminando tramos previamente autorizados, insistió en que el riesgo empresarial no será trasladado al gobierno.
También consideró que el país cuenta ahora con un escenario de mayor estabilidad económica que el existente durante los primeros programas de concesiones carreteras. Sin embargo, remarcó que cada inversionista debe evaluar la rentabilidad del proyecto antes de comprometer sus recursos.
¿Qué relación tiene el rescate carretero con el Fobaproa?
Sheinbaum comparó los rescates de las concesionarias con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), debido a que ambos mecanismos convirtieron obligaciones privadas en deudas respaldadas por recursos públicos.
A juicio de la presidenta, uno de los principales problemas del Fobaproa fue que no se priorizó a los pequeños deudores y que el costo de los pasivos privados terminó por ser cubierto por toda la población.
“No te vas a rescatar con recurso público al privado para que siga operando como si nada, que fue, digamos, el gran problema del Fobaproa, que no se rescató a los pequeños deudores y que se hizo pública una deuda privada”, declaró.
Como ejemplo de un procedimiento distinto, mencionó el rescate bancario realizado en Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008. Señaló que el gobierno estadounidense obtuvo activos de las instituciones apoyadas y posteriormente pudo venderlos, en lugar de entregar recursos sin recibir nada a cambio.
“Pero no este ‘rescato y no me das nada’, con una deuda de todos los mexicanos. Es una visión distinta (…) Entonces, quebró. Ah, bueno, pues te vas sobre los activos de la empresa que quebró”, puntualizó.
La mandataria indicó que, si una compañía participante en un proyecto de infraestructura quiebra, las autoridades deberán proceder sobre sus bienes y no comprometer el presupuesto público para mantenerla en operación.
SICT recuerda la creación del FARAC y el Fonadin
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que el rescate carretero derivó en la creación del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).
El funcionario señaló que este fideicomiso comenzó a utilizarse para atender el rescate de carreteras a partir de 1994. Posteriormente fue creado el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), destinado a impulsar nuevas carreteras y otros proyectos de desarrollo.
Ambos instrumentos fueron integrados en 2008 para constituir el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Con este antecedente, el gobierno federal defendió que los proyectos actuales de inversión mixta deben mantener una separación clara de responsabilidades: la administración pública cumplirá los compromisos establecidos en los contratos, mientras que las empresas responderán por los riesgos asociados con el capital que decidan invertir.
con información de infobae
