Mexicali, Baja California. — Baja California ha fortalecido su posición como uno de los estados más avanzados del país en materia de protección y bienestar animal, gracias a una estrategia integral impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que ha generado importantes avances en el ámbito legal, institucional y social.
Uno de los logros más significativos ha sido la actualización del marco jurídico estatal, el cual ahora contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal, colocándose entre las sanciones más severas a nivel nacional.
A lo largo de la actual administración, se han implementado políticas públicas orientadas a garantizar el respeto y la protección de los animales, mediante la coordinación entre dependencias gubernamentales, municipios y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las acciones destacadas se encuentra la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal, instancia que ha permitido fortalecer la atención institucional, emitir recomendaciones y dar seguimiento a casos prioritarios relacionados con la protección animal.
Asimismo, se ha reforzado la operatividad de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, con el propósito de mejorar la investigación y sanción de conductas que atenten contra el bienestar de los animales.
En materia de atención directa, el Santuario Mily se ha consolidado como un espacio clave para la recuperación de animales víctimas de violencia, al contar con infraestructura médica especializada y personal veterinario capacitado, brindando oportunidades de rehabilitación y adopción para perros y gatos.
En el ámbito legislativo, Baja California también ha dado pasos relevantes al reconocer en su Constitución a los animales como seres sujetos de especial protección, elevando su estatus jurídico dentro del marco normativo estatal.
De igual forma, se aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Protección a los Animales Domésticos, que amplían las conductas consideradas delito —como el abandono y la desnutrición—, incrementan las sanciones, permiten la persecución oficiosa y contemplan la creación de un Registro Estatal de Agresores de Animales.
Como parte de estas políticas, también se han impulsado acciones para eliminar prácticas de explotación, como la sustitución de calandrias tiradas por caballos en Ensenada por unidades eléctricas, ofreciendo alternativas económicas a quienes dependían de esta actividad.
Con estas medidas, el estado avanza hacia un modelo de desarrollo más responsable, donde el bienestar animal forma parte de la agenda pública, promoviendo una convivencia más ética entre la sociedad y los animales.
