Aspirantes, candidatos, alcaldes y exalcaldes de Morena han sido asesinados en distintos estados del país, principalmente en escenarios municipales y electorales. Los casos se han multiplicado desde la llegada de la Cuarta Transformación al poder, aunque la violencia político-criminal afecta también a otras fuerzas partidistas
Ciudad de México, 05/09/26 (Más).- La violencia política que se ha extendido por México durante los últimos años ha dejado una larga estela de muertos entre las filas de Morena: aspirantes que no alcanzaron a aparecer en una boleta, candidatos asesinados en plena campaña, presidentes municipales ejecutados mientras ejercían el cargo y exalcaldes privados de la vida después de dejar el poder.
Los casos se multiplican desde el arribo de la llamada Cuarta Transformación al gobierno federal y se concentran, en buena medida, en el ámbito municipal, donde autoridades y políticos mantienen contacto directo con territorios disputados por grupos criminales.
De acuerdo con el portal Votar entre balas, desarrollado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, entre 2019 y el 29 de junio de 2026 se habían registrado en México 2 mil 974 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas vinculadas con la política y el gobierno, así como contra instalaciones oficiales y partidistas.
El propio proyecto advierte que la violencia político-criminal se ha convertido en una herramienta utilizada por grupos delictivos para tratar de influir en la vida pública de estados y municipios.
El fenómeno, además, no es exclusivo de Morena y alcanza a prácticamente todas las fuerzas políticas.
El caso más reciente dentro de la disputa por candidaturas municipales de Morena ocurrió el 10 de junio de 2026 en Guerrero. Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los principales aspirantes del partido a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez para las elecciones de 2027, fue asesinado junto con otro hombre en la comunidad de El Papayo.
Rivera se encontraba dentro de una camioneta cuando hombres armados dispararon contra la unidad. Hasta el momento de los primeros informes no se había establecido oficialmente el móvil del crimen ni se reportaban detenidos.
Apenas semanas después, el 25 de julio, Roger Hernández Flores, quien había sido candidato de Morena a la alcaldía de Tepeojuma, Puebla, en 2024, fue asesinado a balazos en el centro de Izúcar de Matamoros.
Un año antes, Veracruz había sido escenario de dos de los asesinatos más notorios contra candidatos morenistas: Germán Anuar Valencia Delgado, abanderado de la coalición Morena-PVEM a la presidencia municipal de Coxquihui, fue atacado el 29 de abril de 2025, justamente al iniciar las campañas para renovar los 212 ayuntamientos veracruzanos. El atentado dejó también varias personas heridas.
El 11 de mayo, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, fue asesinada mientras participaba en actividades proselitistas después de encabezar una caravana. El ataque dejó además otras víctimas mortales y personas lesionadas.
La elección de 2024 había dejado una huella todavía más profunda. Un recuento publicado por Milenio durante el proceso electoral documentó una sucesión de homicidios contra políticos que buscaban candidaturas por Morena. En esa relación aparecieron Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, asesinada el 1 de abril mientras realizaba un recorrido de campaña; Jaime González Pérez, aspirante a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, ultimado el 23 de marzo en un establecimiento de su propiedad; Tomás Morales Patrón, quien pretendía encabezar la candidatura a presidente municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero, asesinado al llegar a su domicilio, y Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, ejecutado el 26 de febrero.
La misma relación incluyó a Manuel Hernández, aspirante de Morena a una diputación local en Veracruz, asesinado el 15 de febrero de 2024 cuando circulaba por la carretera Misantla-Xalapa; Yair Martín Romero Segura, quien se había registrado para buscar la candidatura morenista a diputado federal por una zona de Ecatepec y Tlalnepantla y fue asesinado junto con su hermano el 10 de febrero; Samantha Carolina Gomes Fonseca, exaspirante al Senado por Morena, ultimada en enero en la Ciudad de México, y Ricardo Taja Ramírez, recién incorporado a Morena y aspirante a una diputación federal, asesinado en diciembre de 2023 en Acapulco.
El proceso electoral 2023-2024 terminó convertido en el más violento documentado hasta entonces por Votar entre balas. Data Cívica contabilizó 130 actos de violencia contra candidatos o aspirantes entre septiembre de 2023 y la jornada electoral del 2 de junio de 2024; 34 de las víctimas fueron asesinadas.
Del total de agresiones, aproximadamente 31 por ciento estuvieron dirigidas contra candidaturas o aspirantes de Morena, aunque la violencia golpeó también a los partidos opositores y a otras fuerzas políticas. Esa concentración confirma que el problema no puede explicarse únicamente por la pertenencia partidista, pero evidencia la exposición que alcanzaron los candidatos del partido gobernante.
La elección intermedia de 2021 ya había dejado antecedentes similares: Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, fue asesinado a disparos el 11 de febrero. Ignacio Sánchez Cordero, quien buscaba la candidatura de Morena y el Partido Verde para gobernar Puerto Morelos, Quintana Roo, murió el 24 de febrero después de ser atacado en una cafetería. Menos de un mes después, el 17 de marzo, Pedro Gutiérrez, aspirante morenista a la alcaldía de Chilón, Chiapas, fue emboscado cuando viajaba con su familia; en el ataque murieron también su hijo de ocho años y otro acompañante.
La violencia había comenzado incluso antes de que arrancara formalmente aquel proceso. El 21 de diciembre de 2020 fue asesinado Efrén Valois Morales, dirigente campesino, fundador de Morena en Guerrero y aspirante a la presidencia municipal de Pilcaya. Su muerte ocurrió cuando las fuerzas políticas empezaban a definir a quienes competirían en las elecciones de 2021, confirmando que el riesgo no comenzaba con el registro formal de candidaturas sino desde las luchas internas por obtenerlas.
Los homicidios no se han limitado a quienes buscaban un cargo. Uno de los años más duros para los presidentes municipales de Morena fue 2019. El primer día de aquel año, Alejandro Aparicio Santiago fue atacado apenas alrededor de hora y media después de tomar protesta como alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca. El edil recibió disparos cuando realizaba un recorrido y murió posteriormente mientras era atendido; el síndico Perfecto Hernández Gutiérrez, también militante morenista, falleció posteriormente por las heridas sufridas durante el mismo atentado.
El 24 de abril de 2019 fue asesinada Maricela Vallejo Orea, presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz. La alcaldesa viajaba por la carretera Zongolica-Orizaba cuando hombres armados atacaron el vehículo en el que se desplazaba; su esposo y su chofer también murieron. Vallejo había denunciado amenazas desde antes de asumir la presidencia municipal y posteriormente las autoridades detuvieron a personas vinculadas con las disputas políticas existentes en el municipio.
Meses después fue atacado Francisco Tenorio Contreras, alcalde morenista de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. El 29 de octubre de 2019 recibió un disparo en la cabeza después de participar en una actividad pública y finalmente falleció el 2 de noviembre. Antes de concluir ese año, el 23 de diciembre, otro presidente municipal de Morena fue asesinado: Arturo García Velázquez, alcalde de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca. Un comando irrumpió en un convivio navideño que se realizaba en instalaciones del DIF municipal y abrió fuego contra el edil y el síndico Javier Terrero; ambos murieron.
La lista de alcaldes morenistas volvió a crecer en 2024. Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, Michoacán, fue asesinado el 30 de marzo mientras cenaba con su familia en un establecimiento de Morelia. Torres había ganado la presidencia municipal en 2021 como candidato del PRI, pero posteriormente renunció a ese partido y se incorporó a Morena. En el ataque resultó lesionado uno de sus hijos.
El 17 de junio de 2025 fue asesinada Martha Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, emanada de Morena. La alcaldesa y su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, fueron atacados a balazos afuera de su domicilio en esa localidad de Tierra Caliente; otra persona resultó herida. Su muerte volvió a colocar bajo los reflectores el riesgo que enfrentan los gobiernos municipales en regiones donde distintas organizaciones criminales mantienen presencia y disputan influencia territorial.
La violencia tampoco termina cuando los presidentes municipales dejan el cargo. El 2 de marzo de 2023 fue asesinado Israel González Pérez, exalcalde morenista de Tetela del Volcán, Morelos, quien había gobernado entre 2018 y 2021. Su cuerpo y los de dos colaboradores fueron localizados dentro de una camioneta en Yecapixtla. Autoridades estatales señalaron entonces que entre las líneas de investigación se encontraba un posible conflicto relacionado con la disputa por el agua en la región.
Otro exalcalde identificado con Morena, Francisco Zárate Pacheco, fue asesinado el 25 de abril de 2023 en Juquila, Oaxaca. Zárate había encabezado el gobierno municipal durante el periodo 2019-2021 y fue atacado cuando circulaba en una camioneta. En octubre de 2024, Aurelio Méndez Rosales, quien apenas unas semanas antes había concluido su administración como presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, por Morena, fue privado de la libertad y posteriormente encontrado asesinado a balazos junto con su chofer.
El 17 de marzo de 2025 la lista sumó a Javier Cruz Jiménez, expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Cruz había gobernado de 2022 a 2024 después de ser electo por Morena, aunque posteriormente buscó la reelección bajo las siglas del Partido del Trabajo. Fue asesinado a disparos mientras caminaba en Puerto Escondido. El caso mostró nuevamente que haber concluido una administración municipal no significa necesariamente quedar fuera de los riesgos asociados con la actividad política local.
La violencia contra Morena, sin embargo, comenzó antes de que el partido llegara a Palacio Nacional. Entre los antecedentes aparece Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, asesinado el 14 de mayo de 2015 durante un acto proselitista. El homicidio ocurrió apenas un año después de que Morena obtuviera su registro como partido político nacional y anticipó una problemática que posteriormente alcanzaría dimensiones mucho mayores conforme la organización ganó alcaldías, congresos, gubernaturas y finalmente la Presidencia de la República.
Los asesinatos reunidos en este recuento no permiten sostener la existencia de un solo móvil, una estructura única detrás de ellos o una ofensiva dirigida exclusivamente contra Morena. En distintos expedientes aparecen disputas locales, conflictos personales, luchas por candidaturas, amenazas previas y la posible intervención de organizaciones criminales, mientras que en otros las autoridades no han determinado públicamente las causas.
Data Cívica ha advertido, además, que la violencia político-criminal alcanza a todos los partidos y se concentra de manera particular en el terreno municipal, donde los grupos delincuenciales encuentran incentivos para influir sobre policías, presupuestos, obra pública, comercio y control territorial.
Así, la muerte ha acompañado a la Cuarta Transformación no sólo desde el ejercicio del poder, sino también desde las campañas y las disputas por llegar a él. De Tlaxiaco a Celaya, de Chilapa a Coxquihui, de Churumuco a Tepalcatepec y de Coyuca de Benítez a los municipios de Oaxaca y Morelos donde han sido asesinados exalcaldes, la lista expone una de las zonas más frágiles de la política mexicana: los gobiernos locales. Morena aparece de manera recurrente en el recuento por el número de cargos que actualmente disputa y controla, pero los registros nacionales muestran que la violencia política atraviesa siglas y colores. El saldo para la 4T es, aun así, una sucesión de candidatos, alcaldes y antiguos presidentes municipales cuya trayectoria terminó bajo las balas.
con información de massinformacion
