Congreso del Estado aprueba solicitudes del Poder Judicial para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
• Se autoriza ampliación presupuestal para el inicio de la vigencia estatal del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
• Aprueban incremento salarial para 36 médicos legistas del Poder Judicial del Estado
Mexicali, Baja California, viernes 3 de julio de 2026.– El Congreso del Estado aprobó tres dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, correspondientes a solicitudes de ampliación y transferencia de recursos del Presupuesto de Egresos 2026 del Poder Judicial del Estado.
Durante sesión ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad —con veinte votos a favor— el Dictamen No. 137, relativo a la ampliación de recursos presupuestales destinados al Poder Judicial de Baja California.
Esta aprobación permitirá dar cumplimiento, a partir del 17 de agosto de 2026, al inicio de la vigencia y aplicación en el estado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante la ampliación de la partida correspondiente al arrendamiento de edificios y locales.
Asimismo, las diputadas y diputados avalaron por unanimidad el Dictamen No. 138, referente a la transferencia de partidas presupuestales para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesario para el inicio de operaciones de las Salas de Segunda Instancia y Cuarta Instancia que serán instaladas en Playas de Rosarito, derivado de la construcción de dichos espacios judiciales.
De igual forma, el Pleno aprobó el Dictamen No. 139, relativo a la ampliación de partidas presupuestales con el propósito de otorgar un incremento salarial a 36 médicos legistas adscritos al Poder Judicial del Estado, reconociendo la complejidad, responsabilidad y relevancia social de las funciones que desempeñan.
Entre las actividades especializadas que realizan destacan la práctica de necropsias médico-legales, la emisión de dictámenes periciales, la elaboración de protocolos de Estambul para la investigación de posibles actos de tortura, la valoración de personas presuntamente incapaces y diversas intervenciones periciales sustentadas en principios científicos, médicos y jurídicos.
