Impulsan reforma en Baja California para endurecer penas y fortalecer la protección a víctimas de violencia feminicida
La diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Baja California con el objetivo de incorporar la figura de “tentativa de feminicidio”, a fin de fortalecer el marco jurídico y mejorar la actuación de las autoridades en la investigación y sanción de este tipo de agresiones, incluso cuando no se consume la privación de la vida de la víctima.
La legisladora destacó que el feminicidio representa la forma más grave de violencia contra las mujeres y señaló que, en múltiples casos, los intentos de feminicidio suelen ser minimizados o clasificados erróneamente como lesiones o violencia familiar, lo que limita el acceso a la justicia y la protección de las sobrevivientes.
La propuesta contempla sanciones de entre 26 y 41 años de prisión para quienes cometan este delito en grado de tentativa, con el propósito de reforzar la protección integral de las mujeres que sobreviven a estas agresiones.
Asimismo, la iniciativa establece medidas de protección para las hijas e hijos de las víctimas, ya que cuando el agresor sea vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, perdería de manera inmediata la patria potestad durante el proceso judicial y, en caso de sentencia condenatoria, esta pérdida sería definitiva. Además, se plantea que el responsable quede impedido para acceder a derechos hereditarios respecto a su pareja, hijas o hijos.
La propuesta legislativa surge en atención a señalamientos de omisiones institucionales documentadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos CEDH Baja California, así como a casos emblemáticos como el de Grecia, una joven de Mexicali cuyo caso fue inicialmente atendido como violencia familiar pese a la gravedad de las agresiones sufridas.
La diputada subrayó que sobrevivir a un intento de feminicidio no debe implicar desprotección ni invisibilización institucional, y enfatizó que la violencia feminicida inicia mucho antes del desenlace fatal, por lo que esta reforma busca intervenir de manera temprana para evitar su escalamiento.
Con la denominada “Ley Grecia”, las autoridades estarían obligadas a investigar como tentativa de feminicidio todos aquellos ataques contra mujeres con indicios de violencia de género, permitiendo una respuesta más rápida, la aplicación de medidas de protección y una mayor eficacia en la prevención de feminicidios consumados.
