Marihuana legal en Uruguay: clubes canábicos venden más que las farmacias y presionan para habilitar el acceso a turistas
Aunque tienen menos usuarios, las instituciones de membresía lideran las ventas legales, quieren un rol más activo en la discusión pública y piden abrir el mercado a extranjeros
En Uruguay hay tres modalidades para acceder a la marihuana de manera legal: en farmacias habilitadas, teniendo hasta seis plantas o comprando en un club canábico. Todas las opciones implican estar registrado previamente y esto tiene una condición: solo lo pueden hacer los residentes en Uruguay. Pero activistas –y algunos jerarcas del gobierno– impulsan que se amplíe la habilitación para los turistas.
Hay 58 farmacias habilitadas en el país con 86.500 registrados; el cultivo doméstico tiene, en tanto, unos 10.400 inscritos. Hay 20.200 personas registradas en los 575 clubes habilitados. Pese a tener menos usuarios, esta última alternativa ha vendido cerca de la mitad de la marihuana que se vende de manera legal desde 2017. Y, por esto, piden tener un rol más preponderante en la política pública.
El Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) presentó el viernes un informe que hace un balance de los 12 años de la ley. Como reacción a la publicación, los clubes cannábicos presentaron una carta en la que dan su visión sobre este período de tiempo.
Lo que buscan es “aportar una lectura complementaria y constructiva sobre el presente y el futuro del mercado regulado uruguayo”. Marcan que, si bien existen cerca de cuatro veces más de registrados en las farmacias, en el volumen dispersado la realidad es otra.
“Las farmacias distribuyeron aproximadamente 4,25 toneladas, mientras que los clubes dispensamos cerca de 4,75 toneladas y produjimos más de cinco toneladas”, dice un comunicado, firmado por el Congreso Nacional de Clubes Canábicos.
Estiman que esta cifra significa que, con menos de un cuarto de los usuarios registrados, los clubes abastecen a más de la mitad del cannabis que efectivamente se vende en el mercado regulado. Además, según los datos que aportan, el promedio anual por usuario es significativamente mayor en los clubes (240 gramos por socios) que en las farmacias (50 gramos por comprador)
“Esto no implica promover mayor consumo, sino que los clubes concentramos a los usuarios regulares, sustituyendo de forma más efectiva el mercado ilegal y garantizando trazabilidad, calidad y control sanitario”, dice el comunicado.
Además, opinan que el sistema regulado no se puede evaluar solo por la cantidad de registros y mencionan que el criterio debe ser la “capacidad real de abastecimiento, control y sostenibilidad”, un terreno en el que se definen como un “actor central”.
Es en este marco que este congreso promueve que se habilite la venta a turistas, en el marco de un debate público que hay sobre el tema.
Producimos localmente, operamos de forma descentralizada, contamos con experiencia en trazabilidad individualizada y funcionamos bajo esquemas de membresía y control directo del usuario. Fortalecer al modelo club permitiría ampliar el acceso sin sobrecargar el sistema farmacéutico ni concentrar aún más el mercado”, argumentan.
Juan Manuel Varela, vocero de este Congreso, remarcó en una entrevista con Canal 12 el “camino recorrido” que tienen estas instituciones de membresía, a las que definió como “la forma más eficaz de combatir el mercado informal”.
Según él, los clubes son el actor “mejor preparado para recibir al turista” por la cantidad de stock. Entre otros argumentos, marcó que estos locales están en todo el país.
Los clubes también defienden el empleo que generan: en total, hay 1.800 personas trabajando allí.
En el comunicado, destacan que no son un “actor marginal” del mercado del cannabis. “Generamos empleo, inversión e infraestructura productiva en todo el país, en los 19 departamentos, sin subsidios estatales y con fuerte arraigo territorial. Sin embargo, esta dimensión económica y social no está siendo medida ni considerada en la evaluación oficial del sistema”, critican.
“El sector espera definiciones concretas, integración institucional efectiva y reglas claras para la próxima etapa. El debate es legítimo; la postergación indefinida, no”, finaliza el texto
Con información de Infobae