Mexicali, Baja California, 27 de agosto de 2026.– El Congreso del Estado aprobó por mayoría una reforma al artículo 5 de la Constitución Política de Baja California, con la que se incorpora como causal de nulidad electoral la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que puedan influir en los resultados de una elección.
La iniciativa, presentada por el diputado Juan Manuel Molina García, tiene como objetivo fortalecer la soberanía nacional, proteger la autenticidad del voto y preservar la integridad de los procesos democráticos en la entidad, en armonía con las disposiciones establecidas en la Constitución federal.
Durante la discusión en el Pleno, Molina García señaló que las causales de nulidad electoral requieren elementos probatorios claros y procedimientos jurídicos que permitan acreditar plenamente las irregularidades. En este sentido, sostuvo que la nueva disposición busca establecer un mecanismo para actuar ante posibles actos de intervención extranjera que pudieran alterar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.
El legislador morenista hizo referencia a distintos episodios de intervencionismo registrados a lo largo de la historia de México y afirmó que el país debe contar con herramientas legales para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a afectar sus procesos democráticos.
También mencionó antecedentes de irregularidades y hechos de violencia registrados en procesos electorales anteriores, destacando que las causales de nulidad deben analizarse bajo criterios jurídicos y con pruebas suficientes.
Durante su intervención, Molina García cuestionó la posibilidad de que intereses de otros países puedan influir en las decisiones democráticas de México y sostuvo que la voluntad de las y los bajacalifornianos debe determinarse mediante el voto ciudadano.
Al tratarse de una modificación constitucional, la propuesta requirió mayoría calificada para su aprobación. La votación concluyó con 18 votos a favor y 6 en contra, estos últimos correspondientes a diputaciones de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.
Con esta reforma, Baja California incorpora en su marco constitucional una disposición orientada a fortalecer la protección de los procesos electorales frente a posibles actos de intervención extranjera y a preservar la decisión ciudadana expresada en las urnas.
