Por Manuel Cárdenas
Durante años, el relato y la narrativa de algunos fue claro y repetido hasta el cansancio: un empresario exitoso, incomprendido, asediado por un gobierno autoritario que necesitaba un villano para justificar sus fracasos. La historia tenía todos los elementos de una épica moderna: persecución política, abuso de poder, instituciones capturadas y, por supuesto, un héroe que resistía desde los tribunales y las redes sociales.
El desenlace, sin embargo, resultó menos cinematográfico.
Ricardo Salinas Pliego, o mejor dicho, las empresas de su grupo, acordó pagar más de 32 mil millones de pesos al SAT por adeudos fiscales que, según el mismo relato, no existían. Con ello, ahora la narrativa de la derecha cambia, ahora orgullosos osan decir que concluye la persecución, que se cae el telón y que el villano del gobierno federal desaparece de la trama.
La ironía es inevitable.
Porque si la deuda no existía, el pago fue un gesto profundamente altruista. Y si existía, como resolvieron reiteradamente los tribunales, entonces no estábamos ante una persecución política, sino frente a algo mucho más ordinario: el cumplimiento diferido y evadido de obligaciones fiscales firmes.
Durante años, la derecha insistió en que el problema no era jurídico, sino político. Que el SAT actuaba por consigna. Que la Suprema Corte estaba alineada. Que el Estado necesitaba un trofeo. Curiosamente, el conflicto terminó no con una reforma constitucional, ni con una disculpa pública del gobierno, ni con una condena internacional, sino con un convenio de pago en parcialidades, figura clásica del derecho fiscal mexicano.
Nada más institucional. Y nada más conocido para quien ha comprado alguna vez en Elektra.
Porque el acuerdo alcanzado no es muy distinto, en esencia, a la lógica que el propio grupo empresarial ha promovido durante décadas: abonos chiquitos, pagos periódicos, calendario claro y la promesa de que, cumpliendo, todo queda en orden. La diferencia, claro está, es que esta vez el acreedor no es una tienda, sino el Estado mexicano.
Resulta llamativo que el mismo mecanismo que ha sostenido un modelo de negocio —pagar poco a poco, pero pagar— sea ahora presentado como el cierre de una persecución política. Al final, el villano no cayó por un acto heroico, sino por algo más simple: firmar un convenio y empezar a abonar.
No hubo expropiación, ni cárcel, ni confiscación ejemplar. Hubo créditos fiscales, litigios, resoluciones judiciales y, finalmente, transferencias bancarias programadas. Un esquema tan familiar que podría caber, sin exagerar, en un folleto de “pagos fijos y accesibles”.
La narrativa del empresario como disidente fiscal puede ser eficaz en redes sociales, pero se diluye frente a expedientes, sentencias y cifras. El derecho tiene esa cualidad incómoda: no entiende de relatos épicos, sino de obligaciones.
Hoy se celebra el cierre del conflicto como una victoria moral. Conviene decirlo con precisión: no ganó la política ni perdió el gobierno. Simplemente operó el Estado de derecho, tarde, lento, imperfecto, pero operativo.
Aquí no hay un villano, no hay antagonismo, solo existe un pacto social donde todos nos obligamos a contribuir y construir el país que queremos.