Tras exhorto de Sheinbaum, Auditoria Superior investiga 25 años de presuntas irregularidades en IFE, INE y OPLEs
La ASF informó que identificó múltiples irregularidades históricas en el gasto público vinculado con los tres entes electorales
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) confirmó que ya investiga presuntas irregularidades en todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Esto a pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se audite a las administraciones del INE previas al año 2025, ante la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del instituto tras ser señalada de corrupción y conflicto de interés.
En un comunicado, la ASF precisó que actualmente se llevan a cabo tres principales líneas de trabajo “relacionadas a grupos empresariales y entes públicos electorales vinculados con adquisiciones y servicios”.
Detalló que la primera, es una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), el INE y el entonces IFE. De este último su último año de operación fue en 2014.
La segunda línea de trabajo es un estudio que calificó como “histórico”, sobre las adquisiones que hayan realizado los tres entes electorales del 2000 al 2025.
Esto, con el objetivo de “identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos”.
La tercera es la auditoria integral al INE así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.
ASF alerta por posibles “irregularidades históricas”
En el mismo documento, la ASF señaló que las tres acciones de investigación y el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de “múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE”.
Finalmente, aseguró que las investigaciones se realizanen el ámbito de las atribuciones de la ASF “con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”.
¿Qué pasó en el INE?
Las acusaciones de corrupción contra el INE se profundizaron tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, ocurrida a finales de octubre, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con proveedores de materiales electorales.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos. La revisión abarca contratos, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió auditar no sólo la gestión de Taddei, sino también las administraciones anteriores del instituto, con el argumento de transparentar los contratos y deslindar responsabilidades.
Las 10 consejerías del INE también preparan una denuncia ante la FGR. El recurso partiría de los señalamientos publicados en medios de comunicación y buscaría que la Fiscalía determine si existen responsabilidades administrativas o penales entre funcionarios y exfuncionarios del organismo. A la par, el Órgano Interno de Control del instituto mantiene indagatorias abiertas.
El caso ya tiene efectos en la estructura administrativa del INE. Hasta este 3 de noviembre se reportan 30 renuncias de funcionarios, aunque el propio Consejo General precisó que sólo tres de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva habían formalizado su salida.
Las bajas incluyen áreas de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y direcciones de segundo y tercer nivel, mientras las consejerías analizan nuevos relevos.
Tras la salida de Taddei, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional.
La Cámara de Diputados debe definir a la persona que ocupará la presidencia de manera definitiva, pero el proceso enfrenta desacuerdos entre los grupos parlamentarios.
El CCE pidió que la designación se realice mediante un procedimiento transparente, verificable y basado en criterios técnicos, ante la cercanía del proceso electoral federal de 2026-2027.
con información De Infobae