Por Manuel Cárdenas
Hace unos días, durante el Primer Encuentro de Autoridades Jóvenes, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, acompañado del director del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro, inauguraron un espacio que no solo reunió a nuevas generaciones de servidoras y servidores públicos, sino que también colocó sobre la mesa uno de los debates más relevantes del México contemporáneo: la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Que este tema se discuta hoy desde el Estado, con seriedad técnica y voluntad política, no es menor. Durante décadas, la reducción de la jornada laboral fue una demanda relegada al margen, etiquetada como utopía sindical o como una amenaza económica. Hoy, en cambio, forma parte de una agenda pública que reconoce algo fundamental: el tiempo también es un derecho, y su redistribución es una condición indispensable para la justicia social y un verdadero bienestar social.
El proyecto de reforma, que incluye cambios al artículo 123 de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para establecer de forma gradual la jornada de 40 horas, fue enviado y presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el Senado de la República en diciembre de 2025 y está siendo debatido en comisiones.
Los grupos parlamentarios de las comisiones legislativas del Senado definieron que el dictamen final será puesto a consideración para votación en comisiones y posteriormente en el pleno en la primera mitad de febrero. La reunión de comisiones para analizar y votar el dictamen se programó para el día de mañana, 10 de febrero de 2026, lo que constituye un paso preliminar indispensable antes de la votación en el pleno del Senado.
Aunque el dictamen está listo, aún persisten debates sobre puntos específicos, como el número de días de descanso obligatorio o el esquema de horas extraordinarias, y algunos sectores han expresado críticas o propuestas alternativas al texto que se discute.
La reforma no ha sido aprobada todavía por el pleno del Senado ni por la Cámara de Diputados. El Congreso todavía debe discutir, aprobar y, posteriormente, enviar al Ejecutivo para su promulgación. Una vez aprobada, la reforma tendría que entrar formalmente en vigor mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y ser implementada según el calendario previsto.
Uno de los temas centrales es la forma en que está entrará en vigor, en caso de ser aprobada, para lo cual se ha propuesto un calendario de reducción gradual de la jornada:
● 1° de enero de 2027: 46 horas semanales
● 1° de enero de 2028: 44 horas
● 1° de enero de 2029: 42 horas
● 1° de enero de 2030: 40 horas
Este calendario es parte del texto del proyecto que está siendo discutido, pero su entrada en vigor dependerá de la aprobación legislativa.
México ha sido históricamente uno de los países donde más horas se trabaja y donde, paradójicamente, ese esfuerzo no se traduce proporcionalmente en bienestar. Jornadas extensas, salarios insuficientes, que apenas comenzaron a recuperar poder adquisitivo en el sexenio pasado con el aumento sostenido al salario mínimo, y un modelo productivo que midió el éxito en horas-hombre, no en calidad de vida. En ese contexto, la iniciativa de reducir la jornada laboral no surge de la improvisación, sino de una lectura crítica del modelo que ya mostró sus límites.
Desde esta perspectiva, la postura del secretario del Trabajo no solo es defensiva, sino estratégica: una reducción gradual, sin afectación salarial y con responsabilidad económica. Lejos de ser una concesión simbólica, se trata de una política pública diseñada para conciliar derechos laborales con estabilidad productiva. Reconocer este equilibrio es importante, porque durante mucho tiempo se construyó la falsa dicotomía entre bienestar laboral y crecimiento económico, cuando la experiencia internacional demuestra que ambos pueden, y deben, caminar juntos.
El mensaje oficial ha sido claro: la reforma no busca generar sobresaltos, sino consolidar un cambio estructural. Esta prudencia económica no debe leerse como falta de convicción social, sino como una forma de garantizar que el derecho sea sostenible y efectivo. De hecho, los países con mayores índices de productividad no son aquellos donde se trabaja más horas, sino donde el trabajo está mejor organizado, mejor remunerado y mejor equilibrado con la vida personal.
Desde el punto de vista jurídico, la reducción de la jornada laboral representa una evolución natural del artículo 123 constitucional. El derecho al trabajo digno no se agota en tener empleo, sino en que este se desarrolle en condiciones compatibles con la salud, el descanso y la vida familiar. Una jornada de 48 horas semanales, sin contar traslados, horas extras no pagadas y esquemas de disponibilidad permanente, difícilmente puede sostenerse como estándar de dignidad en una democracia moderna.
La reforma, además, se inscribe en un principio clave del constitucionalismo contemporáneo: la progresividad de los derechos humanos. Los derechos no se conservan intactos; avanzan o retroceden según la voluntad política de cada época. Durante años, México permaneció inmóvil mientras el mundo ajustaba sus marcos laborales a nuevas realidades sociales. La jornada de 40 horas no es un regalo del Estado, sino la actualización de un derecho que quedó rezagado frente al desarrollo global.
Desde una mirada social, el impacto de esta iniciativa es profundo y transformador. Reducir la jornada laboral no significa únicamente salir antes del trabajo; significa recuperar tiempo de vida. Tiempo para el cuidado, para la educación, para la convivencia comunitaria, para el descanso. En un país marcado por la desigualdad, la violencia y la fragmentación social, el tiempo libre no es un privilegio: es una herramienta de reconstrucción del tejido social.
El efecto es particularmente relevante para las mujeres. En un sistema que ha descansado históricamente en el trabajo de cuidados no remunerado, la reducción de la jornada laboral abre una ventana, todavía insuficiente, pero necesaria, hacia una redistribución más justa del tiempo. No resuelve por sí sola la desigualdad estructural de género, pero sí corrige una de sus expresiones más normalizadas.
Como en todo avance social, las críticas han estado presentes. Algunos sectores empresariales advierten riesgos; otros cuestionan la viabilidad; algunos apuestan al desgaste político del tema. Sin embargo, la historia laboral es clara: los mismos argumentos se esgrimieron contra el salario mínimo, la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas o el reparto de utilidades. Siempre se dijo que no era el momento. Siempre se dijo que el país no estaba listo. Y, sin embargo, cada uno de esos derechos terminó fortaleciendo a la sociedad.
El verdadero reto no está en la aprobación de la reforma, sino en su implementación. La gradualidad hacia 2030 puede ser una estrategia responsable, siempre que vaya acompañada de mecanismos efectivos de inspección laboral, control real de las horas trabajadas y sanciones claras contra la simulación. El logro será pleno solo si el derecho se vive en la práctica y no se diluye en la letra constitucional.
Al final, la reducción de la jornada laboral es más que una reforma: es una señal de rumbo. Refleja un Estado que comienza a valorar la vida fuera del trabajo, que entiende que el desarrollo no puede seguir edificándose sobre el agotamiento permanente y que asume que la justicia social también se mide en tiempo recuperado.
La pregunta ya no es si México puede avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas. La pregunta es si estamos dispuestos a reconocer este paso como lo que es: un logro colectivo y un punto de partida hacia un país más justo, más productivo, más humano y con un bienestar real.