La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales es una realidad. A partir de enero de 2027 comenzará la disminución gradual de dos horas por año, hasta llegar a las 40 en 2030. Sin reducción de salarios ni prestaciones. Una buena noticia para los trabajadores, sin duda. Pero hay una pregunta incómoda que pocos parecen interesados en responder: ¿quién va a pagar la diferencia?
Porque una cosa es legislar derechos y otra muy distinta generar las condiciones económicas para sostenerlos.
No pretendo cuestionar el derecho de los trabajadores a disfrutar de más tiempo para su familia, su descanso o su vida personal. El trabajo debe servir para vivir y no al revés. Pero tampoco podemos ignorar que las empresas necesitan producir, vender, competir y obtener utilidades para mantenerse abiertas.
Y aquí comienzan las cuentas.
Pensemos en una empresa con 24 trabajadores que laboran 48 horas semanales. Actualmente dispone de 1152 horas de trabajo por semana. Cuando la jornada llegue a 40 horas, dispondrá de solamente 960. Habrá perdido 192 horas semanales de trabajo ordinario.
Si necesita mantener las mismas horas de operación, tendrá que reorganizar sus turnos, aumentar su productividad o contratar personal adicional.
Supongamos que cada trabajador gana 15 000 pesos mensuales. La nómina representa 360 000 pesos. Pero eso no es todo lo que cuesta emplearlos.
A ese salario debemos agregar cuotas patronales al Seguro Social, aportaciones al Infonavit, aguinaldo, prima vacacional, impuestos sobre nómina y otras obligaciones. Para nuestro ejemplo utilizaremos un costo adicional estimado del 30 %, aunque sabemos que puede variar según la empresa.
Así, los 360 000 pesos se convierten en aproximadamente 468 000 pesos mensuales.
Ahora imaginemos que necesita contratar cinco trabajadores adicionales para conservar prácticamente la misma cantidad de horas de trabajo. Su nómina aumentaría 75 000 pesos mensuales y, considerando las cargas adicionales, el costo crecería aproximadamente 97 500 pesos al mes.
Estamos hablando de 1 170 000 pesos adicionales al año.
Y todavía falta considerar otra reforma que también tiene consecuencias sobre el tiempo efectivo de trabajo: la llamada Ley Silla.
Esta legislación obliga a los patrones, en las actividades comprendidas por la reforma, a proporcionar asientos con respaldo y permitir que los trabajadores puedan utilizarlos durante sus funciones o en descansos periódicos.
La medida tiene una justificación razonable. Permanecer de pie durante jornadas prolongadas puede afectar la salud. Nadie tendría por qué discutir la conveniencia de prevenir esos riesgos.
Sin embargo, desde la perspectiva de la organización del trabajo, también debemos considerar sus consecuencias.
Los descansos periódicos que deban concederse durante la jornada pueden reducir el tiempo destinado directamente a determinadas actividades productivas, particularmente en aquellos establecimientos donde la operación exige permanecer de pie o mantener una atención continua.
No significa que todos los trabajadores deban suspender sus labores durante un número uniforme de minutos. La ley no establece un descanso idéntico para todas las empresas, y en algunos puestos es posible trabajar sentado. Pero donde las pausas impliquen interrumpir la actividad, habrá que reorganizar tareas, cubrir puestos o ajustar procesos.
Es decir, no solamente tendremos jornadas más cortas. En determinadas actividades también habrá que administrar descansos que disminuyen el tiempo de ejecución efectiva de las tareas.
Y cuidado, no estoy sugiriendo que deban eliminarse los descansos. Estoy diciendo que tienen consecuencias operativas y que alguien debe calcularlas.
Hay quienes sostienen que trabajar menos aumenta automáticamente la productividad. Ojalá fuera tan sencillo. La productividad no aparece por decreto. Requiere inversión, capacitación, tecnología, organización y condiciones económicas para hacerla posible.
El problema es que estas reformas no llegan solas. En los últimos años hemos tenido incrementos salariales, más vacaciones, mayores aportaciones patronales para el retiro y nuevas obligaciones administrativas. Cada una tiene su explicación y algunas representan avances importantes, pero sus costos terminan acumulándose.
No es lo mismo una gran empresa que puede automatizar sus procesos que una pequeña fábrica, un restaurante, una tienda de barrio o una empresa constructora que depende directamente del trabajo de su personal.
Tampoco podemos suponer que todos los negocios pueden trasladar sus mayores costos al precio de sus productos. Algunos lo harán y terminará pagando el consumidor. Otros tendrán que sacrificar utilidades, posponer inversiones o reducir contrataciones.
Y mientras tanto, la informalidad continúa compitiendo con quienes sí pagan salarios, impuestos, cuotas de seguridad social y prestaciones.
No estoy diciendo que debamos detener las conquistas laborales para proteger las utilidades empresariales. Sería una conclusión equivocada. Los derechos laborales son resultado de una larga historia de luchas y merecen respeto.
Lo que cuestiono es que sigamos legislando como si los recursos fueran inagotables.
Si el Estado considera conveniente reducir la jornada y ampliar las obligaciones patronales, también debería preguntarse qué está haciendo para facilitar su cumplimiento.
¿Dónde están los incentivos fiscales para las pequeñas empresas? ¿Los programas efectivos de capacitación? ¿Los apoyos para modernizar maquinaria y procesos? ¿Las políticas públicas que permitan producir más y mejor en menos tiempo?
Porque resulta muy cómodo aprobar nuevas obligaciones cuando la factura se paga principalmente con recursos ajenos.
El verdadero desafío no consiste solamente en que los trabajadores permanezcan menos horas en sus centros de trabajo. Consiste en conseguir que esas horas sean más productivas, que las empresas sigan siendo competitivas y que los empleos no desaparezcan.
Una política laboral responsable debe mirar ambos lados de la relación de trabajo. Sin trabajadores no hay empresas, pero sin empresas tampoco hay empleos.
La reducción de la jornada y las medidas de protección a la salud pueden representar avances sociales importantes. Lo que no debemos hacer es medir su éxito exclusivamente por las horas que dejamos de trabajar, ignorando los empleos que somos capaces de conservar y generar.
Porque al final, alguien tendrá que pagar la cuenta.
Y sería conveniente saber quién, cuánto y con qué recursos, antes de celebrar que todo quedó resuelto con una reforma legal.
¿Usted qué opina? ¡Se vale replicar!
con información de jornadabc
