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Tecate aprueba reforma para fortalecer la justicia electoral y proteger la voluntad ciudadana

Tecate, Baja California, 29 de agosto de 2026.— El XXV Ayuntamiento de Tecate aprobó, durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 69, la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Baja California, enfocada en fortalecer las disposiciones en materia de justicia electoral y sistema de nulidades.

Encabezada por el alcalde Román Cota Muñoz, la sesión avaló el Dictamen No. 104 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, mediante el cual se plantea incorporar nuevos supuestos para la nulidad de una elección.

Entre las modificaciones destaca que una elección pueda ser anulada cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que hayan influido en sus resultados.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Tecate participa en el procedimiento constitucional requerido para modificar la Carta Magna estatal y respalda medidas encaminadas a proteger la autodeterminación democrática, la soberanía y la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

El alcalde Román Cota Muñoz señaló que su administración continuará actuando con responsabilidad institucional y apego al marco constitucional, respaldando acciones que contribuyan al fortalecimiento de la democracia y garanticen el derecho de la ciudadanía a decidir libremente.

El Dictamen No. 104 ya había sido aprobado por el Congreso del Estado, tanto en lo general como en lo particular, y posteriormente fue remitido a los Ayuntamientos de Baja California como parte del procedimiento establecido en el artículo 112 de la Constitución local.

Una vez concluido el proceso de aprobación municipal, corresponderá realizar la declaratoria de incorporación constitucional y posteriormente remitir el decreto al Poder Ejecutivo estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Con esta determinación, el Gobierno de Tecate refrenda su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia de los procesos electorales y la protección de la voluntad ciudadana.