Ulises Lara fue el primero en presentar su decisión de separarse del cargo esta semana
La Fiscalía General de la República (FGR) removió a Óscar Langlet González de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la segunda baja registrada en 48 horas dentro de la institución, en medio de reacomodos internos y de la presión por expedientes sensibles como el de Ismael “El Mayo” Zambada. La salida ocurrió después de que el funcionario presuntamente se negó a archivar una indagatoria por instrucción de sus superiores, aunque la dependencia no informó de manera oficial las razones de la destitución.
La remoción se produjo días después de la renuncia de Ulises Lara López, quien dejó el 14 de julio la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes “por motivos personales”, según la propia institución. Con ambos movimientos, la Fiscalía General de la República acumuló dos cambios en su estructura en un lapso de dos días.
Langlet González encabezaba el área encargada de investigar delitos presuntamente cometidos por servidores públicos federales y conductas ilícitas relacionadas con la administración de justicia. Su salida también coincidió con su reincorporación a labores, luego de una ausencia derivada de una cirugía, momento en el que le solicitaron la renuncia.
El exfiscal tenía además un vínculo directo con la Suprema Corte, al ser esposo de la ministra Sara Irene Herrerías. Llevaba apenas seis meses en ese cargo y antes se había desempeñado como coordinador de asesores en la FGR cuando el titular era Alejandro Gertz Manero.
La salida de Langlet ocurrió tras una presunta negativa a cerrar una indagatoria
La versión sobre el motivo de su remoción apuntó a que rechazó archivar una investigación, lo que habría implicado desacatar una orden directa de sus superiores jerárquicos. Ese dato colocó su salida en un terreno distinto al de un relevo administrativo ordinario, porque vinculó el movimiento con decisiones internas sobre expedientes en curso.
Antes de asumir esa fiscalía especial, Langlet González también fue consejero general de la FGR. Su trayectoria incluyó trabajo dentro de la misma institución desde la etapa en que Sara Irene Herrerías también formaba parte de la Fiscalía durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
El otro movimiento reciente fue la salida de Ulises Lara, quien ocupaba desde octubre de 2024 la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tras concluir su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Aunque su encargo se presentó como una gestión de seis meses, su oficina tenía bajo su responsabilidad indagatorias de alto perfil.
Entre ellas estaba la investigación relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esa área también seguía las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, incluido Rocha Moya.
La FGR sostuvo en ese caso que Estados Unidos no había entregado las pruebas que justificaran la petición de detención urgente del funcionario. La presidenta Claudia Sheinbaumcalificó además las solicitudes de extradición de Rocha Moya como un acto de “injerencia” e intervencionismo.
Los cambios coincidieron con la crisis interna por el caso “El Mayo”
Las dos bajas en la FGR ocurrieron después de que Sheinbaum pidió a la institución dar a conocer nuevos detalles sobre la detención de “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos, ocurrido dos años atrás. Ese episodio, de acuerdo con la información difundida por la propia Fiscalía, se convirtió en uno de los asuntos más delicados para la dependencia por sus implicaciones penales y diplomáticas.
El 8 de julio, antes de las renuncias y remociones, la FGR informó que investigaba posibles violaciones graves cometidas por autoridades de Estados Unidos en relación con el secuestro y traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa en julio de 2024. En conferencia, Ernestina Godoy advirtió que, si se confirmaba que el FBI planeó, organizó y ejecutó la captura en territorio mexicano, se habrían cometido violaciones graves al derecho mexicano e internacional.
Según la Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos incurrió en tres conductas irregulares al negar, por conducto del entonces embajador en México Ken Salazar, que hubiera participado en la operación, que el avión utilizado perteneciera a una de sus agencias y que el hecho no hubiera sido una disputa entre cárteles. En sentido contrario, un reportaje del periodista mexicano Luis Chaparro señaló que el FBI reconoció la operación como exitosa para capturar y secuestrar en México a un ciudadano de este país.
Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sostuvo que si se comprobaba que Salazar mintió habría actuado contra el principio de buena fe entre naciones. También precisó que no habría consecuencias penales para el exembajador porque los representantes diplomáticos gozan de inmunidad.
Godoy agregó que la FGR abrió siete carpetasde investigación relacionadas con el caso, entre ellas por el homicidio de Héctor Melesio Cuén y por el secuestro de “El Mayo”. La dependencia también solicitó la extradición del capo, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos la rechazó porque el narcotraficante ya era procesado ante una Corte de Distrito de ese país.
Otra arista del caso exhibió fallas internas: la FGR admitió que tardó cerca de dos años en identificar a Mauro Alberto “N” o Alejandro “N”, alias “Jando”, como el piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos. La detención del presunto operador ocurrió el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, después de un enfrentamiento con Ejército y Guardia Nacional que dejó un militar muerto y cinco heridos.
En agosto de 2025 fue entregado junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad bajo la Ley de Seguridad Nacional. Fue hasta junio de 2026 cuando el equipo de la actual titular de la FGR localizó indicios de voz y huellas dactilares que lo vincularon con el vuelo del 26 de junio de 2024, en el que fueron trasladados Ismael “N” y Joaquín “N” desde Culiacán hasta Nuevo México.
• Óscar Langlet González fue removido de la FGR tras presuntamente negarse a archivar una indagatoria y su salida marcó la segunda baja en 48 horas.
• Ulises Lara dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes mientras su oficina llevaba casos sobre Rubén Rocha Moya y acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
• Los cambios coincidieron con la presión interna por el caso “El Mayo”, en el que la FGR abrió siete carpetas y admitió que tardó cerca de dos años en identificar al piloto del traslado.
Con información de Infobae
