Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG
Aunque hay detenidos y sentencias, las autoridades no han dado más avances en el caso y miles de familias aún esperan respuestas y acceso a objetos encontrados
El 5 de marzo de 2025, el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, reveló lo que hasta ahora es el mayor centro de reclutamiento y adiestramiento criminal atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.
La intervención de colectivos buscadores destapó una red criminal que operó durante años con protección de las autoridades y un meticuloso esquema de reclutamiento en redes sociales, disfrazado de falsas ofertas de trabajo.
El hallazgo que sacudió a México
El Rancho Izaguirre, de más de 10 mil metros cuadrados en el ejido La Estanzuela, se convirtió en uno de los mayores hallazgos relacionados con reclutamiento forzado en el país.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio el 5 de marzo de 2025 tras recibir una denuncia anónima. En el sitio encontraron cientos de prendas, zapatos, mochilas, presuntos restos humanos calcinados y estructuras para adiestramiento.
La Guardia Nacional ya había realizado una intervención en septiembre de 2024, cuando otro colectivo dio con este lugar. En ese entonces hubo diez detenidos y dos víctimas liberadas, pero no se hallaron los restos humanos y las prendas que meses después se encontraron en el sitio.
El inventario oficial superó mil ochocientas prendas y objetos personales, incluidos ropa de mujer, infantil y más de cien pares de zapatos.
La investigación inicial estuvo a cargo de la fiscalía estatal de Jalisco, pero ante la presión social y la magnitud de los hallazgos, la carpeta fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR). La presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas como la creación de una base única de información forense y la publicación mensual de cifras oficiales de desaparecidos.
La estructura criminal y la protección institucional
Las investigaciones federales revelaron que elfuncionamiento del Rancho Izaguirre se sostenía gracias a una red de complicidad institucional encabezada por el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
De acuerdo con la FGR, Murguía no solo estaba al tanto de lo que ocurría en el predio: utilizó recursos públicos —patrullas, armas y policías municipales— para resguardar el sitio, impedir fugas y garantizar la impunidad de las operaciones criminales.
Por estos servicios, recibía pagos mensuales de 70 mil pesos en efectivo, entregados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en brechas cercanas al municipio.
Según la acusación, también tenía injerencia en los procesos de selección: determinaba quiénes ‘pasaban’ o no las pruebas de reclutamiento. Aquellos que no superaban los filtros eran asesinados, mientras que los aceptados eran enviados a otras regiones, como Zacatecas o Aguascalientes, donde operan células armadas del cártel.
Una declaración lo sitúa ingresando al predio junto a José Gregorio Lastra, alias “El Comandante Lastra”, del CJNG, para ordenar la disposición de restos humanos en una fosa.
En la estructura criminal también participaba la pareja de “El Lastra”, Alma Rosa “La Leona”. Ambos coordinaban un esquema de captación basado en engaños y falsas ofertas laborales, difundidas principalmente en redes sociales como TikTok y en terminales de autobuses.
El objetivo era atraer a jóvenes de varios estados con promesas de altos salarios como guardias de seguridad, para después trasladarlos de manera controlada al rancho, donde quedaban incomunicados y sujetos a violencia sistemática.
La organización criminal contaba con células especializadas para la vigilancia armada, el adoctrinamiento, la logística de traslados y la administración interna del predio, lo que permitió operar durante años con total impunidad bajo el amparo de autoridades locales.
Dentro del centro de reclutamiento
El funcionamiento interno del Rancho Izaguirre ha sido reconstruido principalmente a través de los testimonios directos de sobrevivientes difundidos por el colectivo y en redes sociales.
Néctar, exintegrante del CJNG, narró su experiencia en entrevista con el canal “Zona de Guerra” de GAFE423. Fue captada por una oferta laboral en TikTok, que prometía trabajo y altos ingresos. Al llegar al rancho, fue despojada de sus pertenencias y sometida a interrogatorios y revisiones corporales. Los reclutas eran segregados por género y sometidos a rutinas físicas extenuantes, castigos colectivos y ejercicios militares.
La disciplina prohibía relaciones sentimentales y cualquier muestra de debilidad podía ser castigada físicamente. El adiestramiento incluía el manejo de armas, prácticas de limpieza, cocina, vigilancia.
El control se extendía a la economía interna: productos básicos como galletas o cigarrillos se vendían a sobreprecio, y cualquier infracción o desacato se descontaba del pago semanal prometido.
Los castigos iban desde sesiones forzadas de ejercicio hasta golpizas grupales, privación de alimento o baño y, en casos extremos, exposición a ataques de perros.
Parte de la pedagogía del miedo incluía rituales violentos, como la “doble 08”, donde los recién llegados debían soportar golpes de otros reclutas, y la frecuente participación en la limpieza tras ejecuciones o descuartizamientos. Néctar narró que incluso fueron obligados a consumir carne de origen incierto, en al menos dos ocasiones carne humana, como mecanismo de castigo y control.
El aislamiento era absoluto. Los internos podían pasar semanas o meses sin contacto exterior ni acceso a información. Quienes intentaban escapar eran castigados o ejecutados. La vigilancia psicológica y la amenaza constante marcaban la rutina diaria. Tras varios meses, algunos considerados aptos eran enviados a casas de seguridad en otros estados; otros, simplemente desaparecían.
Por su parte, María, una sobreviviente entrevistada por Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, le relató que los reclutados también eran obligados a excavar fosas, calcinaban cuerpos y participaban en la eliminación de restos humanos.
“Me dijo que esto (el crematorio clandestino) tiene más de diez años, que opera desde 2012. Que la gente del lugar lo sabía, pero no podían hablar porque estaban amenazados. Me contó cosas muy fuertes”, relató Navarro en entrevista con Carmen Aristegui en marzo de 2025.
Estos testimonios han permitido dimensionar la violencia, el control y la deshumanización sistemática que imperaba en el Rancho Izaguirre.
Acciones judiciales y sentencias
Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, la FGR y la SSPC informaron la detención de más de una decena de personas vinculadas a la operación del centro de reclutamiento.
Entre los procesados principales destacan José Gregorio “El Lastra” Armida, señalado como jefe de adiestramiento y reclutamiento, y Alma Rosa “La Leona” Rivera Martínez, identificada como pieza clave en la captación de víctimas.
Junto a ellos, la justicia estatal procesó a otros implicados, entre ellos el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada, así como exfuncionarios y colaboradores del cártel como José Antonio “N”, Rubén “N”, Gabriel “J”, y Abril “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares agravada, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo.
En julio de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado de Jalisco condenó a diez de estos hombres a 131 años de prisión por desaparición y homicidio, además de imponerles una multa de 651 mil pesos a cada uno. La defensa apeló el fallo y, en febrero de 2026, la Segunda Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justiciaresolvió modificar la sentencia, reduciéndola en aproximadamente 10 años, pero manteniendo la culpabilidad. El resto de los detenidos continúa en proceso judicial o bajo investigación.
Además, la FGR mantiene abiertas órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios municipales, operadores logísticos y posibles cómplices dentro de la estructura criminal que hasta el momento no han sido desglosados.
Las familias y la identificación pendiente
El acceso a las pertenencias localizadas en el Rancho Izaguirre se ha convertido en el principal reclamo de familias de desaparecidos de Jalisco, Zacatecas y otros estados.
Muchas de esas prendas, bolsas, mochilas y objetos personales fueron reconocidos virtualmente por madres buscadoras a través de catálogos digitales —como el habilitado por la organización Tejer Red—, pero un año después persiste la negativa institucional para permitir su revisión presencial o someterlas a análisis genéticos
Guillermina Camacho Serna, del colectivo Siguiendo tu Rostro con Amor, ha relatado en entrevistas con El Universal la frustración y el dolor de las familias: una madre identificó la bolsa de su hija entre las pertenencias halladas en el rancho, pero no ha conseguido verla en persona para confirmar si se trata realmente de la joven desaparecida en Zacatecas. “Esa bolsa no es un simple objeto, es una esperanza”, dijo Camacho, quien reclama que el silencio, las tardanzas y las trabas burocráticas solo profundizan la angustia.
La espera ha enfermado a varias madresbuscadoras y ha generado una sensación de abandono. Las familias señalan que, aunque la FGR prometió en mesas de trabajo que las prendas serían procesadas y entregadas, hasta la fecha no hay avances tangibles ni información clara sobre el destino de los objetos.
La prensa ha consignado que la mayoría de las pertenencias están resguardadas en la Ciudad de México, mientras las familias exigen que sean sometidas a análisis de ADN para poder cerrar o abrir una línea de investigación.
El desgaste emocional se ha exacerbado por la desconfianza institucional. Diversos colectivos, como Guerreros Buscadores de Jalisco, han denunciado la existencia de filtraciones dentro de la fiscalía, lo que permitió la evasión de implicados y dejó en riesgo a testigos y víctimas.
Al mismo tiempo, los colectivos enfrentan nuevas restricciones. Raúl Servín, del colectivo Guerreros Buscadores, comentó en entrevista con Radio Fórmula que autoridades estatales han retirado de manera sistemática las fichas de búsqueda y protestas en espacios públicos, especialmente en zonas céntricas de Guadalajara y Zapopan por el evento deportivo que se aproxima. Las madres buscadoras advierten que no dejarán de exigir justicia y verdad, pese a las campañas para silenciar sus demandas.
Versiones contrastantes
La crisis de desapariciones en México ha alcanzado cifras históricas. Datos oficiales reportan más de 125 mil personas no localizadas en el país y Jalisco concentra cerca de 15 mil casos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU calificó el hallazgo del Rancho Izaguirre como“perturbador” y pidió investigaciones transparentes.
La FGR mantiene abiertas diligencias en el predio y en otros sitios vinculados al CJNG, pero no ha dado actualizaciones del caso aún cuando la titularidad de la dependencia cambió hace unos meses.
Las versiones oficiales y las de los colectivos de búsqueda han mantenido una tensión constante desde el hallazgo. Mientras la FGR sostiene que el Rancho Izaguirre funcionó principalmente como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG —y ha declarado públicamente que no existen pruebas suficientes de asesinatos masivos o crematorios—, los colectivos aseguran, con base en testimonios y hallazgos, que en el predio sí se cometieron asesinatos, desapariciones y destrucción sistemática de restos humanos.
La FGR ha argumentado que los indicios encontrados, como zanjas y fragmentos óseos, no pueden considerarse evidencia concluyente de ejecuciones o incineraciones, mientras que las familias y sobrevivientes insisten en que la magnitud de los objetos y los testimonios orales dan cuenta de prácticas de violencia letal y eliminación de víctimas
Con información de Infobae