La iniciativa del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros busca que la falta de un convenio o sus deficiencias no impidan tramitar la disolución del matrimonio.
Mexicali, Baja California, 19 de octubre de 2026. El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el propósito de evitar que la disolución de un matrimonio quede condicionada a la presentación de un convenio accesorio en los casos de divorcio bilateral.
En la exposición de motivos, el legislador explicó que el divorcio bilateral es el procedimiento al que recurren los cónyuges cuando ambos están de acuerdo en poner fin a su matrimonio. Actualmente, el artículo 656 del Código establece que la solicitud debe acompañarse del acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los hijos menores de edad y una propuesta de convenio.
Este documento debe contemplar aspectos como la guarda y custodia, los alimentos, el régimen de convivencias y la distribución de los bienes, derechos y obligaciones adquiridos durante el matrimonio.
Sin embargo, la legislación no precisa qué ocurre cuando el convenio no se presenta o contiene deficiencias. De acuerdo con el diputado, esta situación puede ocasionar que la solicitud de divorcio sea desechada o suspendida, pese a que ambos cónyuges coincidan en terminar el vínculo matrimonial.
La propuesta plantea adicionar el artículo 656 Bis para establecer que la ausencia o las deficiencias del convenio no serán impedimento para admitir y dar trámite a la solicitud de divorcio bilateral ante la autoridad jurisdiccional.
Asimismo, contempla que los asuntos pendientes relacionados con la guarda y custodia, los alimentos, las convivencias o la liquidación del patrimonio conyugal puedan resolverse durante la audiencia o mediante la vía incidental, sin suspender ni condicionar la declaración de disolución del matrimonio.
En materia presupuestal, la iniciativa señala que la reforma no generaría gastos adicionales, ya que podría aplicarse con la estructura jurisdiccional existente. También busca armonizar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
