Proponen reforma para evitar la revictimización de mujeres en instituciones públicas de Baja California
La diputada Santa Alejandrina Corral plantea reforzar la atención con perspectiva de género, prevenir prácticas discriminatorias y sancionar omisiones o retrasos injustificados.
Mexicali, Baja California, 20 de octubre de 2026. La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma para prevenir la revictimización de mujeres que acuden a instituciones públicas en busca de atención, protección o justicia, mediante el fortalecimiento de las obligaciones de las autoridades y la aplicación de procedimientos con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
La legisladora señaló que las instituciones públicas deben actuar de manera responsable, imparcial y libre de prejuicios, particularmente cuando atienden procedimientos relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, ya que una respuesta deficiente puede agravar las afectaciones que enfrentan las víctimas.
La propuesta contempla adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de establecer expresamente que las autoridades encargadas de investigar y resolver procedimientos administrativos relacionados con violencia contra las mujeres deberán actuar con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia.
Además, plantea la obligación de prevenir prácticas discriminatorias, evitar retrasos injustificados y abstenerse de realizar actos u omisiones que obstaculicen los procedimientos, en apego a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, así como al respeto de los derechos de las personas involucradas.
La iniciativa también propone reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Baja California, con el propósito de actualizar las disposiciones relativas a la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que incurran en conductas discriminatorias, prácticas dilatorias o tolerancia frente a la violencia de género.
Corral Quintero busca que las instituciones no generen nuevas afectaciones a las mujeres mediante una atención inadecuada, omisiones o demoras injustificadas cuando solicitan apoyo institucional.
De aprobarse la reforma, las autoridades competentes contarían con un plazo de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para revisar y adecuar sus protocolos de actuación, además de capacitar al personal responsable de atender estos procedimientos.
