Proponen reforma para agilizar investigaciones y fortalecer rendición de cuentas en Baja California
Con el objetivo de reforzar la transparencia, la fiscalización y el combate a la corrupción, la diputada Alejandra Ang Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.
La propuesta busca modernizar y hacer más eficiente el trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), retomando recientes modificaciones aprobadas a nivel federal en materia de fiscalización para mantener la armonización normativa y fortalecer los mecanismos de supervisión gubernamental.
Entre los principales cambios planteados se encuentra la incorporación de herramientas y medios electrónicos en los procesos de fiscalización, lo que permitiría realizar notificaciones digitales, reducir tiempos administrativos y brindar mayor certeza jurídica tanto a las entidades fiscalizadas como a la ciudadanía.
Asimismo, la iniciativa propone establecer plazos más definidos para el envío de dictámenes técnicos relacionados con observaciones no solventadas, con el propósito de agilizar el seguimiento de posibles responsabilidades administrativas y evitar retrasos en las investigaciones.
Otro de los puntos relevantes consiste en fortalecer las facultades de investigación de la ASEBC, permitiendo que las indagatorias por presuntas faltas administrativas graves puedan iniciarse de oficio o mediante denuncias ciudadanas, sin depender únicamente de auditorías o ejercicios fiscales específicos.
La propuesta también contempla habilitar canales digitales y mecanismos tecnológicos para facilitar la presentación de denuncias relacionadas con el posible uso indebido de recursos públicos, promoviendo una participación ciudadana más activa en la vigilancia del ejercicio gubernamental.
Alejandra Ang Hernández señaló que esta reforma busca consolidar un modelo de fiscalización más moderno, preventivo y eficiente, que fortalezca las capacidades institucionales de la Auditoría Superior del Estado y contribuya a generar mayor confianza ciudadana en las instituciones públicas.
