Proponen actualizar monto para formalizar contratos de arrendamiento de tierras rurales en BC
Mexicali, Baja California, 5 de septiembre de 2026.– El diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa para modificar las reglas del Código Civil de Baja California relacionadas con la formalización de contratos de arrendamiento de predios rústicos, con el argumento de reducir costos para pequeños productores, campesinos y ejidatarios y actualizar una disposición que, a su consideración, quedó desfasada frente a las condiciones económicas actuales.
Actualmente, el Código Civil estatal establece que los contratos de arrendamiento de predios rústicos deben formalizarse mediante escritura pública cuando la renta anual supera los 5 mil pesos.
Mogollón Pérez señaló que este monto equivale a poco más de 416 pesos mensuales, por lo que, debido al incremento de los valores inmobiliarios y agropecuarios y a los efectos de la inflación, prácticamente cualquier arrendamiento de tierras rurales puede superar actualmente ese límite.
De acuerdo con el legislador, mantener el monto vigente puede generar gastos notariales para operaciones de menor cuantía, particularmente entre pequeños productores, campesinos y ejidatarios que rentan terrenos destinados al cultivo o al agostadero.
La iniciativa plantea sustituir el monto fijo establecido en pesos por un parámetro equivalente a 1,605 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales. El objetivo es que el límite pueda actualizarse conforme al valor de la UMA y evitar que pierda vigencia con el paso de los años.
Según la propuesta, con este cambio la obligación de formalizar mediante escritura pública se concentraría en contratos de arrendamiento rústico de mayor relevancia económica, mientras que las operaciones de menor cuantía contarían con un esquema acorde con las condiciones del sector rural.
El diputado también planteó que utilizar la UMA como referencia reduciría la necesidad de modificar periódicamente el Código Civil para actualizar cantidades expresadas directamente en pesos y permitiría mantener vigente el parámetro frente a los efectos inflacionarios.
La reforma busca además fortalecer la certeza jurídica de las partes involucradas en el arrendamiento de tierras y proteger el patrimonio de quienes celebran este tipo de contratos.
Finalmente, la iniciativa contempla armonizar el Código Civil de Baja California con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte de los cambios propuestos al marco jurídico estatal.
