• La iniciativa busca agilizar audiencias y actuaciones judiciales relacionadas con el delito de despojo
• Plantean fortalecer la protección del patrimonio y el acceso oportuno a la justicia
Mexicali, Baja California, 29 de junio de 2026.- El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California con el objetivo de otorgar carácter urgente y atención prioritaria a los procesos judiciales relacionados con el delito de despojo.
La propuesta busca que las audiencias y actuaciones jurisdiccionales vinculadas con este tipo de casos sean atendidas con mayor rapidez, fortaleciendo así la protección del patrimonio de las familias bajacalifornianas y el acceso oportuno a la justicia.
El legislador señaló que el despojo de viviendas y predios representa una problemática que afecta de manera directa la tranquilidad y estabilidad de numerosas familias en la entidad, por lo que consideró necesario implementar mecanismos que permitan agilizar la atención judicial.
Asimismo, refirió que durante los últimos años se ha registrado un incremento en las denuncias relacionadas con este delito, particularmente en municipios como Mexicali, situación que ha generado preocupación entre la ciudadanía.
La iniciativa plantea que jueces penales y de control otorguen trámite preferente a las audiencias relacionadas con despojo, sin modificar las competencias ni las garantías constitucionales establecidas en la legislación vigente.
De igual forma, la propuesta contempla que el Consejo de la Judicatura del Estado emita lineamientos administrativos para establecer criterios de atención prioritaria, especialmente en casos que involucren viviendas habitacionales, personas en situación de vulnerabilidad o situaciones que representen riesgos para la integridad de las víctimas.
El diputado indicó que las demoras en los procesos judiciales pueden generar afectaciones económicas, familiares y patrimoniales para las personas afectadas, además de contribuir a la percepción de impunidad.
Finalmente, señaló que la iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial ante uno de los delitos patrimoniales que más impactan a las familias en Baja California.
