Propone Alejandrina Corral Quintero reforma constitucional para fortalecer la seguridad pública en Baja California
Mexicali, Baja California.– La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California con el propósito de dar mayor claridad a la conducción de la política estatal de seguridad pública y establecer de manera expresa la responsabilidad directa de la persona titular del Poder Ejecutivo.
La legisladora explicó que la propuesta busca eliminar ambigüedades en la asignación de responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control democrático, al considerar que la seguridad pública es una función esencial del Estado y una condición indispensable para garantizar los derechos humanos, la convivencia social y el desarrollo económico.
De acuerdo con la iniciativa, el Ejecutivo estatal deberá formular y conducir la política de seguridad pública mediante un Programa Estatal que incluya metas cuantificables, indicadores verificables y mecanismos de evaluación periódica, con el fin de consolidar un modelo de gestión basado en resultados.
Asimismo, se plantea la comparecencia semestral obligatoria ante el Congreso del Estado para informar sobre la evolución de los indicadores delictivos, el ejercicio del presupuesto y las acciones implementadas en materia de seguridad.
Entre los puntos relevantes de la propuesta también se contempla fortalecer la coordinación entre el estado, la federación y los municipios, así como la aplicación de medidas extraordinarias cuando los índices delictivos superen de forma sostenida los parámetros establecidos en la planeación estatal.
La diputada Corral Quintero señaló que la reforma no altera el equilibrio de poderes ni invade competencias de otros órdenes de gobierno, sino que busca armonizar la conducción estatal de la seguridad pública con estándares contemporáneos de gobernanza democrática, transparencia y responsabilidad política.
Finalmente, la iniciativa establece que el incumplimiento grave o sistemático de las obligaciones en materia de seguridad pública podría derivar en responsabilidades políticas conforme a lo previsto en la Constitución y la legislación aplicable.