
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó en su Conferencia Matutina la importancia de la recién aprobada Ley General de Aguas Nacionales, subrayando que el agua es un recurso esencial que pertenece al pueblo, de acuerdo con la Constitución Política de México.
Explicó que el objetivo central de esta nueva legislación es corregir el proceso de mercantilización generado desde 1992 y poner fin a prácticas como el acaparamiento, la sobreexplotación y la especulación del recurso hídrico.
Marina del Pilar reiteró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum por encabezar esta reforma que reconoce al agua como un derecho humano, evita su concentración en manos de unos cuantos y fortalece la distribución equitativa para todos los sectores.
La mandataria señaló que las reformas surgieron de amplios diálogos entre sociedad, gobierno, productores y distritos de riego, lo que permitió atender dudas y aclarar interpretaciones erróneas que habían generado preocupación.
Aclaró que la Ley no prohíbe heredar propiedades con concesiones, no impide la venta de tierras con títulos vigentes, no contempla la revocación automática de concesiones, no criminaliza a pequeños productores, y no limita el traslado de agua para actividades agropecuarias. Además, reconoce plenamente los derechos históricos de pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.
“Es totalmente falso que esta Ley implique expropiaciones disfrazadas o que busque beneficiar a grandes empresas o ceder recursos a Estados Unidos”, puntualizó.
Asimismo, aseguró que los sectores productivos mantendrán comunicación directa con los gobiernos federal y estatal para resolver cualquier inquietud, especialmente en zonas agrícolas como Ensenada, Maneadero y San Quintín.
Por su parte, el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Daniel Amador Barragán, informó que la nueva Ley promueve prácticas como la captación de agua pluvial para uso doméstico y la implementación de sistemas comunitarios en regiones sin servicios de agua potable o drenaje.
También se incorpora la figura de actividad agropecuaria familiar, que facilitará el sustento de familias dedicadas a labores agrícolas y pecuarias. Además, se refuerzan las medidas contra el robo de agua mediante sanciones más estrictas que pueden llegar a las 30 mil UMAS.





