Por Manuel Cárdenas
La marcha del 15 de noviembre de 2025 dejó una foto compleja de la realidad social y política del país. Las personas salieron a las calles a exigir justicia, paz y un alto a la violencia. En su expresión más legítima, la protesta partió del dolor acumulado por tragedias como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y por una sensación generalizada de inseguridad que se vive en diversos territorios del país. Desde una visión progresista, es fundamental reconocer que toda movilización social que surge del hartazgo y la búsqueda de justicia merece respeto, porque expresa la vitalidad de una ciudadanía que no se conforma.
Muchos movimientos han defendido, desde sus orígenes, el derecho del pueblo a organizarse, a exigir y a expresarse. Ningún gobierno emanado de la izquierda auténtica podría llamarse así si no reconoce el papel histórico que han jugado las marchas en la defensa de los derechos y en el avance democrático. Negar o minimizar ese derecho sería traicionar los principios que han construido décadas de lucha popular.
Por eso, lo primero es claro: la libertad de manifestación debe cuidarse, garantizarse y protegerse, incluso cuando los reclamos se expresan con dureza o con críticas directas hacia el gobierno.
Pero dicho esto, también es imprescindible observar con mirada crítica lo que ocurrió este fin de semana. Porque lo que se presentó en redes sociales como una “marcha de la Generación Z”, y como un levantamiento apartidista y puramente juvenil, terminó siendo una mezcla de causas legítimas con agendas políticas claramente articuladas por grupos opositores que vieron en la tragedia ajena la oportunidad de reposicionarse.
El discurso oficial de los convocantes habló de justicia, seguridad y derechos. Sin embargo, el pliego petitorio difundido un día antes incluyó demandas que nada tenían que ver con el dolor de las víctimas y sí con la estrategia electoral de los mismos grupos que durante décadas privatizaron servicios, militarizaron la seguridad pública y entregaron el país a intereses corporativos: la exigencia de una revocación inmediata del mandato de la presidenta, la propuesta de nombrar un “gobierno sustituto” sin ley ni Constitución, y la narrativa de “rescatar a México” de un supuesto “régimen autoritario”.
Estas consignas no nacieron de los jóvenes. Nacieron de las mesas de estrategia de quienes perdieron la confianza ciudadana y buscan ahora montarse en el descontento social. Esa mezcla —de dolores reales con ambiciones partidistas— es lo que hace tan delicado el análisis de esta movilización.
Por otro lado, la presencia de un bloque violento que atacó a la policía y trató de derribar las vallas de Palacio Nacional ensombreció una marcha que la gran mayoría de personas realizó de manera pacífica. La izquierda debe ser clara: la violencia en manifestaciones no solo pone en riesgo vidas, sino que además es utilizada por los sectores reaccionarios para deslegitimar toda protesta social. Se trata de un arma de doble filo que daña a quienes sí marchan por causas genuinas. No puedes manifestarte en contra de la violencia generando violencia. Y aquí es importante resaltar, que la violencia reprobable no es que se rompan vidrios o quemen cosas, es la que se da entre las personas, entre nosotros, porque todos somos mexicanos, aunque nos pongamos camisetas de diferentes colores, jugamos en el mismo equipo, todos tenemos madres, padres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijos, hijas, todos tenemos sueños y anhelos.
Aun así, también corresponde señalar que la actuación de los cuerpos policiales debe siempre regirse por los principios constitucionales de proporcionalidad, necesidad y respeto a los derechos humanos. En los momentos de tensión se reportaron agresiones, uso de sustancias irritantes y actos de contención que deberán revisarse.
La transformación no debe temerle a la autocrítica: si hubo excesos, deben investigarse; si hubo provocación, debe explicarse; y si hubo abuso de fuerza, deben deslindarse responsabilidades. La confianza se construye con transparencia.
Ahora bien, la lectura política de algunos grupos fue inmediata: proclamaron una “primavera ciudadana”, dijeron que el país estaba al borde del colapso institucional y anunciaron el “despertar de la juventud”. Pero el análisis serio muestra otra realidad: la participación juvenil estuvo lejos de ser mayoritaria, y quienes encabezaron los discursos —directamente o desde las sombras— han sido, en su mayoría, personajes vinculados al viejo régimen, a intereses empresariales o a agendas políticas que llevan veinte años intentando regresar por la puerta que la ciudadanía les cerró.
Aún así, no se puede caer en la tentación de descalificar la protesta por su contenido político. Eso sería repetir los errores del pasado. Lo que corresponde es explicar con claridad el contraste: mientras en la transformación se construye un proyecto de largo plazo basado en derechos, redistribución, combate a la corrupción, inversión histórica en programas sociales y fortalecimiento del Estado, los grupos convocantes proponen la ruptura institucional, el caos y la instalación de mecanismos que beneficiarían precisamente a los poderes que hundieron al país.
Lo ocurrido este sábado debe servir para algo más profundo:
Para recordar que la demanda de seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un clamor nacional. El país exige justicia y exige paz. Y ese reclamo debe ser escuchado con humildad y con voluntad de corregir lo que sea necesario. Sabemos que la maquinaria está andando y que es el séptimo año de la transformación, es duro y difícil disipar los transtornos de todas las administraciones anteriores que si pactaron con el crimen organizado, ya comprobado, es un proyecto a largo plazo.
Este gobierno ha concentrado sus esfuerzos en consolidar un modelo de seguridad basado en prevención, inteligencia, fortalecimiento policial y reconstrucción del tejido social.
Reconocer el derecho a protestar no implica aceptar la manipulación política. Criticar la violencia no significa cerrar los ojos al dolor de las víctimas. Defender la institucionalidad no es lo mismo que ignorar la frustración ciudadana.
México vive un momento de transformación profunda, y la verdadera fuerza de este proyecto es su capacidad de escuchar sin ceder a la presión de los intereses que buscan regresar por la puerta de atrás.
La marcha del 15 de noviembre no debe verse como una amenaza, sino como un recordatorio de que el país demanda más justicia, más seguridad y más humanidad.
Y es justamente donde se fortalece la transformación: en escuchar, en corregir y en seguir construyendo un país donde nadie tenga que marchar para exigir justicia porque la justicia sea, por fin, la regla y no la excepción.