Por Manuel Cárdenas
Hay algo que vale la pena decir con claridad, la democracia mexicana no está en crisis… pero sí está en una etapa de transformación, y la transformación verdadera, incomoda.
Durante años se construyó un sistema electoral fuerte para evitar fraudes y garantizar elecciones limpias, en un contexto donde la única forma de entrar al congreso era con mayorías será antes y absolutas, donde la oposición no tenía cabida y en un ambiente social donde la legitimación del poder estaba ya muy lastimado. Después de un sistema autoritario, nació el sistema que conocemos, mismo que cumplió una función histórica indispensable. Fue una conquista ciudadana. Fue el resultado de décadas de lucha contra un régimen que no respetaba el voto.
Pero hoy la pregunta ya no es la misma, el contexto histórico, no es igual, ya no se discute si hay democracia, la discusión central es qué tipo de democracia queremos.
Porque el modelo que tenemos, aunque sólido en lo electoral, también arrastra problemas evidentes, que ha abonado a diversas problemáticas, es costoso, es complejo, es burocrático y muchas veces está desconectado de la realidad social de millones de personas.
Y ese debate, lejos de cerrarse, acaba de entrar en una nueva fase.
La reforma electoral impulsada desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no alcanzó la mayoría constitucional en el Congreso, pues como es sabido, una reforma constitucional debe lograr dos terceras partes para modificar la misma, y esta vez, no hubo consenso, lo que evidencia muchas cosas al interior de las cámaras.
Una de ellas, es que justamente, lo que ocurrió no fue el rechazo a una idea, sino el reflejo de un sistema que exige consensos amplios para transformaciones profundas, que lejos de lo que se dice por el lastre de la oposición, no hay autoritarismo ni imposición, eso en sí mismo, es democrático.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante no es lo que no pasó, sino lo que está pasando ahora.
El debate no murió en el Congreso, ahora está en las calles, en el territorio. Hoy se está construyendo lo que políticamente se ha denominado el “Plan B”. Una ruta para impulsar cambios a través de leyes secundarias que no requieren mayoría calificada, sino mayoría simple.
Y aquí es donde la discusión se vuelve más interesante.
Porque el “Plan B” no es una ocurrencia ni una evasión, ni una imposición, ni mucho menos autoritarismo. Es una herramienta legítima dentro del sistema democrático. Es, en términos simples, la capacidad de gobernar incluso cuando no se tienen todos los votos para una reforma constitucional.
En otras palabras, la transformación no se detiene, se adapta y el objetivo sigue siendo el mismo: revisar el funcionamiento del sistema electoral, reducir excesos y acercar la democracia a la gente.
Y hay razones de fondo para hacerlo, ya que México sigue teniendo uno de los sistemas electorales más costosos del mundo. Miles de millones de pesos se destinan cada año al financiamiento de partidos políticos, estructuras administrativas y procesos electorales.
¿Es válido cuestionarlo? Por supuesto. ¿Es necesario discutirlo? También.
Porque ese dinero es público. Es dinero de la gente. Y en un país con desigualdad, con necesidades sociales urgentes y con retos en materia de bienestar, cada peso que se gasta en política debe poder justificarse frente a la ciudadanía.
Ese es el corazón del debate. No se trata de debilitar la democracia. Se trata de hacerla más justa, más eficiente y más cercana.
En paralelo, se ha comenzado a hablar con más fuerza de mecanismos de participación directa: consultas populares, revocación de mandato, nuevas formas de involucrar a la ciudadanía en decisiones públicas.
Esto tampoco es menor. Durante mucho tiempo la democracia se entendió como un acto que ocurría cada tres o seis años. Votar y regresar a casa. Hoy la exigencia es distinta. La ciudadanía quiere participar más, decidir más y tener mayor control sobre el ejercicio del poder.
Eso es, en esencia, una demanda progresista. Y como toda transformación, este proceso no está exento de tensiones. La no aprobación de la reforma evidenció algo importante, los intereses políticos siguen existiendo, incluso dentro de las alianzas. Algunos partidos optaron por no acompañar cambios que podían afectar su representación o su viabilidad electoral.
Eso también es parte de la democracia, pero al mismo tiempo dejó claro que el modelo político mexicano ya no puede transformarse únicamente desde acuerdos cupulares. Las reformas profundas requieren también respaldo social, narrativa pública y una discusión abierta con la ciudadanía.
Y ahí está el verdadero terreno de disputa, no en los votos que faltaron en el Congreso, sino en la construcción de una idea, ¿debe cambiar o no debe cambiar el sistema político-electoral mexicano?
Desde una perspectiva progresista, la respuesta es clara.
Sí, debe cambiar. Debe evolucionar para dejar de ser costosa y convertirse en eficiente. Debe dejar de ser distante para convertirse en cercana. Debe dejar de ser exclusivamente representativa para ser también participativa. Porque la democracia no puede quedarse congelada en el tiempo.
Las instituciones no son intocables. Son herramientas. Y como toda herramienta, deben adaptarse a las necesidades de la sociedad que las utiliza.
Estos son algunos de los puntos que se buscan con esta reforma:
Reducción de costos del sistema electoral
● Recorte de gasto operativo
● Disminución de burocracia electoral
● Austeridad en estructuras administrativas
Ajustes al funcionamiento del INE
● Reorganización interna
● Simplificación de procesos
● Eficiencia administrativa
Cambios en reglas de partidos políticos
● Fiscalización de recursos
● Uso y control del financiamiento
● Operación interna de partidos
Impulso a la participación ciudadana
● Fortalecimiento de consultas populares
● Mayor uso de revocación de mandato
● Mecanismos de democracia directa
Regulación de nuevas tecnologías en elecciones
● Uso de inteligencia artificial
● Propaganda digital
● Comunicación política en redes
Ajustes operativos al sistema electoral
● Procedimientos electorales más ágiles
● Menos carga administrativa
● Optimización de procesos
Esto será una reforma parcial para hacer el sistema electoral más barato, eficiente y moderno, sin cambiar la Constitución.
Hoy México tiene la oportunidad de abrir una discusión madura sobre su sistema político. Sin dogmas. Sin miedos. Sin discursos alarmistas.
Porque defender la democracia no significa impedir que cambie. Significa garantizar que ese cambio beneficie a la mayoría.
La reforma no pasó. Pero el debate ya está sobre la mesa. Y cuando un país comienza a cuestionar cómo funciona su democracia, no está retrocediendo. Está creciendo.