Por Manuel Cárdenas.
Uno de los ejes más sensibles del gobierno de Claudia Sheinbaum es la política de vivienda. No es un tema menor: millones de familias viven entre la incertidumbre de la renta, la irregularidad en la tenencia de su patrimonio o el hacinamiento. La vivienda es mucho más que un techo: es la base de la seguridad, la paz y la posibilidad de un futuro digno.
En octubre de 2024 se presentó el Programa de Vivienda y Regularización, y a menos de un año los números muestran un avance importante. El Gobierno de México ya tiene identificados los predios para 186 mil viviendas, con obras iniciadas en varios estados. A julio de 2025, se reporta que se han alcanzado 138 mil viviendas en construcción, alrededor del 75 % de la meta anual.
Además, se anunció el arranque de 160 mil viviendas adicionales entre febrero y junio de 2025, lo que marca un despliegue sin precedentes. Estas cifras no son solo propaganda: significan que miles de familias que nunca imaginaron acceder a un hogar propio, hoy están en lista de beneficiarias.
Otro paso trascendental fue la reforma a la Ley del INFONAVIT, publicada en febrero de 2025. Por primera vez en la historia, el instituto podrá construir y arrendar viviendas con opción de compra. Este esquema abre la puerta a un modelo de renta social que beneficia a jóvenes, mujeres jefas de familia y adultos mayores, sectores que tradicionalmente quedaban fuera del acceso al crédito.
La reforma ya es ley, pero el reto ahora es su implementación. Faltan reglas de operación claras, lineamientos para garantizar que la renta no supere el 30 % del ingreso, y la constitución de la nueva filial del INFONAVIT que pondrá manos a la obra.
El gobierno también prometió 100 mil acciones de mejoramiento de vivienda, particularmente en el oriente del Estado de México, y la regularización de asentamientos irregulares. Aquí el avance es más lento, porque depende en gran medida de la coordinación con municipios y estados. Sin embargo, es un componente crucial: sin regularización no hay certeza jurídica, y sin certeza no hay patrimonio.
La Presidenta ha elevado la mira: de un millón inicial, la meta ahora es de 1.8 millones de viviendas de interés social en el sexenio. El número es ambicioso, y alcanzarlo exigirá mantener el ritmo actual de construcción, resolver problemas de suelo, presupuesto y coordinación intergubernamental, y blindar los proyectos contra la corrupción.
La vivienda siempre ha sido un termómetro social. Basta caminar por los barrios más marginados de cualquier ciudad del país para entender lo que significa vivir sin certeza: casas de lámina, de madera improvisada, con pisos de tierra y sin drenaje. Es ahí donde el discurso de los derechos humanos se confronta con la realidad.
Por eso este programa no es un mero plan sexenal: es una respuesta al reclamo histórico de los sectores más vulnerables. Tener vivienda es tener dignidad y paz; es saber que nadie puede arrebatarte el único lugar donde eres dueño de tu tiempo y de tu espacio.
La apuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum implica dos mensajes claros. El primero: que la vivienda vuelva a ser un derecho garantizado por el Estado, no un negocio exclusivo de inmobiliarias o bancos. El segundo: que se abra paso a un nuevo modelo de urbanismo social, donde los desarrollos no se hagan en la periferia abandonada, sino en zonas con transporte, servicios, escuelas y hospitales.
Pero hay un reto más profundo: cambiar la concepción de la política social. Durante años, se confundió bienestar con dádiva inmediata. Sin embargo, lo que cambia la vida de una familia no es solo recibir un apoyo, sino construir un patrimonio que se pueda heredar. La vivienda es un punto de inflexión: transforma la economía familiar, estabiliza comunidades enteras y genera pertenencia en la sociedad.
No hay transformación posible si no se resuelve la desigualdad en el acceso a un techo digno. El verdadero éxito de esta política no se medirá en cifras sexenales, sino en niños que crecen con un cuarto propio para estudiar, mujeres que ya no temen ser desalojadas por no poder pagar la renta, y adultos mayores que cierran su vida con certeza de dejar un hogar a sus hijos y nietos.
Si este gobierno logra cumplir esa promesa, estaremos frente a un capítulo histórico comparable con los grandes momentos de justicia social en México: el reparto agrario, la seguridad social, la educación gratuita. La vivienda podría convertirse en la nueva columna vertebral del bienestar mexicano.