Por Manuel Cárdenas
Cada vez que un país latinoamericano entra en crisis, reaparece una tentación peligrosa: la
idea de que la democracia puede llegar en aviones militares, que la libertad se puede
descargar en misiles, y que la soberanía es un lujo prescindible cuando la realidad se
vuelve incómoda. Hoy, con Venezuela en el centro de una nueva escalada geopolítica, esa
tentación vuelve a circular con fuerza: intervenir para “liberar”
.
Desde una perspectiva progresista, esto no solo es un error: es una renuncia histórica.
El derecho internacional es claro. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4,
prohíbe de manera absoluta el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la
independencia política de los Estados. No existe —ni ha existido jamás— una cláusula que
autorice a las potencias a bombardear países por considerar que su gobierno es ilegítimo o
antidemocrático.
El llamado “intervencionismo humanitario” no es una categoría jurídica consolidada; es una
narrativa política utilizada selectivamente por potencias para legitimar acciones que, en la
práctica, violan el principio de autodeterminación de los pueblos, reconocido en el artículo 1
de la misma Carta.
No es un mecanismo de protección. Es una herramienta de poder.
Los ejemplos contemporáneos son contundentes. Irak, Libia, Afganistán, Siria y Haití fueron
presentados al mundo como “liberaciones”
. Hoy son Estados frágiles, con instituciones
destruidas, fragmentación territorial, economías capturadas y crisis humanitarias crónicas.
En ninguno floreció una democracia funcional.
La intervención no reconstruye Estados: los desarticula.
No fortalece instituciones: las sustituye.
No devuelve soberanía: la suspende.
Lo que sigue a la “liberación” suele ser tutelaje, privatización forzada de recursos,
militarización permanente y dependencia estructural. La democracia, en ese escenario, se
vuelve un discurso, no una realidad.
Los pueblos que hoy viven en libertad no fueron rescatados por ejércitos extranjeros.
Construyeron su democracia mediante organización social, presión política, reformas
institucionales y procesos internos de reconstrucción. Esa vía es más lenta, más difícil, pero
es la única que produce Estados legítimos y sociedades con control real sobre su destino.América Latina —y México en particular— tiene ejemplos claros de que las
transformaciones profundas pueden y deben darse desde la participación ciudadana, las
urnas y la reconstrucción institucional, no desde la intervención armada.
México vivió durante décadas bajo un régimen de partido hegemónico que concentró poder,
normalizó la corrupción y capturó instituciones. Posteriormente, la alternancia con el PAN no
resolvió los problemas estructurales del país y profundizó otros. Sin embargo, la salida de
esos ciclos no vino por tanques ni por tutelajes extranjeros, sino por organización social,
presión ciudadana, reformas electorales, vigilancia del voto y construcción de mayorías
democráticas.
La transición que permitió la salida del PRI y del PAN del poder federal —con todas sus
contradicciones y pendientes— demostró que es posible romper regímenes enquistados
desde adentro, con participación popular, institucionalidad y legitimidad democrática. Fue un
proceso imperfecto, sí, pero soberano. Y precisamente por eso conservó algo fundamental:
el control del destino nacional en manos de su propio pueblo.
Ese es el punto que el intervencionismo pretende borrar: que la democracia real no se
regala desde el cielo; se conquista desde el territorio, la organización y las instituciones.
Aceptar la intervención extranjera como solución no es pragmatismo. Es entreguismo. Es
renunciar a la idea misma de que los pueblos son sujetos políticos capaces de transformar
su realidad. Es admitir que la historia de América Latina no puede escribirse sin la tutela de
potencias externas.
Desde una visión progresista, defender la soberanía no es defender gobiernos. Es defender
a las sociedades de convertirse en territorios administrados desde fuera, en zonas de
sacrificio geopolítico, en espacios donde la vida cotidiana queda subordinada a intereses
que no se votan ni se discuten localmente.
Las bombas no distinguen entre regímenes y pueblos.
Los bloqueos no castigan élites; castigan comunidades enteras.
La guerra no corrige injusticias: las multiplica.
El debate no es entre “dictadura o democracia”
.
El debate real es entre soberanía o tutelaje, entre reconstrucción política o administración
militar, entre pueblos que deciden o potencias que administran.
Y ahí, desde una izquierda progresista, la postura no debería ser ambigua: la democracia
no se impone. Se construye. Y ningún pueblo merece pagarla con guerra.
Porque una cosa es exigir libertad.
Y otra muy distinta es aceptar que nos la administren desde fuera, como una suerte de
subordinación moral, económica, intelectual, aceptando que un país pueda determinar quién
sí y quien, con suprasoberanía.