Por Manuel Cárdenas
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, cimbró al país no sólo por la crudeza del crimen cometido en plena celebración de Día de Muertos, sino por lo que reveló sobre la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado. Sin embargo, los avances recientes en la investigación —particularmente la captura del presunto autor intelectual y de siete escoltas del propio alcalde— abren un espacio de reflexión más profundo sobre el estado de nuestras instituciones y el papel del Gobierno Federal en la recomposición del orden.
Las detenciones del fin de semana arrojan datos contundentes. Por un lado, se logró capturar a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato y vinculado a estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por otro, y quizá más relevante en términos institucionales, siete escoltas del propio alcalde, todos integrantes de la Policía Municipal de Uruapan, fueron detenidos por su probable responsabilidad en homicidio calificado en comisión por omisión. Este último concepto jurídico implica que, teniendo el deber legal de proteger la vida del alcalde, su inacción deliberada o negligente facilitó la ejecución del ataque.
Este doble hallazgo es de enorme trascendencia. La detención del presunto autor intelectual demuestra un avance real en la desarticulación de estructuras criminales que buscan controlar territorios enteros mediante homicidios de alto impacto. Pero la captura de los escoltas del alcalde evidencia un problema más profundo: la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad municipal y la fragilidad institucional en regiones donde la violencia se mezcla con la corrupción y la descomposición administrativa.
A diferencia de décadas pasadas —cuando casos similares quedaban en total impunidad o eran desviados políticamente—, en este escenario el Gobierno Federal actuó con rapidez, coordinación y compromiso con la verdad. Esto debe reconocerse con claridad, sobre todo desde una perspectiva de izquierda que valora el fortalecimiento del Estado frente al poder corruptor del crimen organizado.
Porque aquí hay un punto fundamental: el crimen organizado no sólo opera desde fuera del Estado; también busca capturarlo desde adentro. La omisión de quienes debían proteger al alcalde es prueba de ello. Y es precisamente en estos contextos donde la intervención del Gobierno Federal cobra un peso político y ético de mayor alcance. Sin centralizar por capricho, sin intervenir por cálculo electoral, sino atendiendo al mandato esencial de garantizar derechos, seguridad y justicia.
Las detenciones realizadas —incluyendo la búsqueda activa del octavo escolta prófugo— representan un mensaje claro: no habrá protección para quienes traicionen la función pública, sin importar rango o pertenencia corporativa. Esta firmeza institucional es una ruptura necesaria con la vieja práctica de encubrimientos y simulaciones que por décadas facilitaron la expansión de las organizaciones criminales.
Ahora bien, este caso también sirve para colocar en la agenda pública un tema de fondo: la urgencia de reformar y depurar los cuerpos de seguridad municipales, donde se concentra el mayor grado de vulnerabilidad frente a la corrupción. La izquierda mexicana, que históricamente ha planteado la necesidad de profesionalizar a las policías y garantizar su estabilidad laboral, tiene aquí una oportunidad para insistir en un rediseño profundo de la seguridad pública local, con controles de confianza reales, mejores salarios y mecanismos de rotación territorial que dificulten la captura institucional.
Al final, lo que el caso Manzo nos deja es una radiografía de la complejidad de la violencia en México, donde los homicidios de autoridades no son sólo hechos aislados sino expresión de la disputa por el control territorial y político. Pero también nos deja una señal alentadora: el Estado mexicano, bajo conducción federal, está demostrando capacidad para investigar, detener y procesar incluso a quienes operan desde dentro de sus propias filas.
Este es un recordatorio de que la transformación del país implica no sólo se ha enfocado en programas sociales y redistribución económica, sino en la reconstrucción del tejido institucional y la recuperación de la autoridad legítima frente a las redes criminales y sus cómplices.
El asesinato de Carlos Manzo es una tragedia que no debe repetirse. Pero la respuesta del Gobierno Federal muestra que, incluso en momentos de oscuridad, se puede avanzar hacia un país donde la ley prevalezca y donde la dignidad de los servidores públicos —y de la ciudadanía— no quede a merced de quienes han hecho de la violencia un proyecto de poder.