Por: Manuel Cárdenas
En las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido colocada en el centro de una polémica artificial, construida más desde la narrativa de la sospecha que desde los hechos verificables. Tres asuntos han cobrado “relevancia” -si así se puede denominar- el viaje de la ministra Loretta Ortiz, el supuesto retrato de la ministra Lenia Batres y la adquisición de vehículos oficiales, siendo estos temas utilizados como insumos para alimentar una indignación digital que, lejos de fortalecer el escrutinio democrático, evidencia un fenómeno más preocupante: la normalización de la infodemia como herramienta política.
Desde una perspectiva jurídica y de responsabilidad pública, los hechos son claros. En el caso del viaje de la ministra Loretta Ortiz, ¿De verdad extinguí un uso indebido de recursos públicos? O ¿Hubo un pago adicional por condiciones de viaje distintas a las originalmente contratadas?. La reubicación en una sección superior de la aeronave obedeció a una práctica comercial ordinaria de la aerolínea, sin impacto presupuestal alguno. Lo que aquí se pretende es convertir ese hecho en un escándalo de corrupción o de contraste que, no solo es jurídicamente insostenible, sino intelectualmente deshonesto. El derecho administrativo sanciona el uso indebido del erario, no las decisiones comerciales de un tercero que no generan beneficio económico indebido, tampoco representa un doble discurso, pues como cualquier viajero, hemos de aprovechar cualquier beneficio que nos dan las aerolíneas y más en estos tiempos, ¿En dónde está lo contradictorio aquí?, lo único que se puede observar es que la oposición no tiene más que proponer.
Algo similar ocurre con el caso del retrato de la ministra Lenia Batres. No hubo obra, no hubo pago y no hubo contrato con efectos jurídicos. Hubo, sí, un error administrativo reconocido y aclarado por la propia Corte. Sin embargo, la narrativa construida por ciertos sectores omitió deliberadamente estos datos para instalar la idea de un “lujo personal”, ignorando que los retratos de ministras y ministros forman parte de una tradición institucional histórica, documentada desde el siglo XIX, como registro del paso de quienes han integrado el máximo tribunal del país. No es un privilegio, es un archivo histórico del Estado mexicano.
El tercer punto, relativo a la adquisición de vehículos oficiales, exige un análisis más serio y menos ideológico. La seguridad de quienes integran el Poder Judicial no es un asunto menor ni un capricho personal. La Corte no es una oficina administrativa ordinaria: es un órgano constitucional cuyas decisiones inciden directamente en la estabilidad institucional, el orden jurídico y los derechos fundamentales. Los vehículos heredados de administraciones anteriores presentaban fallas técnicas que comprometían la seguridad operativa. Sustituirlos no implica “lujo”, sino austeridad responsable, entendida como eficiencia en el gasto sin poner en riesgo vidas humanas ni funciones de Estado. Austeridad no es imprudencia.
Lo verdaderamente alarmante no es la discusión sobre estos temas, que es legítima, sino el nivel del debate público quese ha promovido desde ciertos espacios de oposición. En lugar de análisis jurídico, se ha optado por el escándalo; en lugar de datos, por insinuaciones; en lugar de crítica estructural, por linchamiento mediático. Esta estrategia responde menos a una preocupación real por la rendición de cuentas y más a una lógica de desgaste institucional, donde cualquier error administrativo, práctica histórica o decisión técnica se convierte en munición política.
Aquí es donde emerge con fuerza la hipótesis de la infodemia orquestada: una saturación deliberada de información incompleta, descontextualizada o francamente falsa, diseñada para erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. No se trata de fiscalizar al poder, función esencial en una democracia, sino de sembrar sospecha permanente como método de oposición ante la ausencia de propuestas, liderazgo y proyecto político propio.
Paradójicamente, este tipo de ataques termina revelando más sobre quienes los impulsan que sobre quienes los reciben. Cuando la oposición reduce su discurso a escándalos inflados y omite deliberadamente los hechos aclarados, exhibe un empobrecimiento político preocupante. La crítica pierde fuerza cuando se apoya en la desinformación, y la democracia se debilita cuando el debate se sustituye por ruido.
La Suprema Corte, como cualquier institución pública, está sujeta al escrutinio y debe rendir cuentas. Pero ese escrutinio debe ser serio, informado y honesto. Defender a las ministras en este contexto no es un acto de militancia ciega, sino una defensa del Estado de derecho frente a la manipulación informativa. En tiempos de polarización, la responsabilidad política también implica no mentir, no exagerar y no convertir la crítica en sabotaje institucional.
Porque cuando la desinformación se normaliza, no se daña solo a una ministra o a un tribunal: se daña la confianza pública, se degrada el debate democrático y se debilita la República.