La administración Trump propone exigir cinco búsquedas de empleo semanales para acceder al seguro de desempleo
La iniciativa federal plantea actualizar las condiciones de elegibilidad y los mecanismos de control aplicados a quienes reciben esa ayuda económica en el país
La administración de Donald Trump presentó este lunes 9 de noviembre una iniciativa para endurecer las condiciones que deben cumplir los trabajadores desempleados que solicitanasistencia económica. La propuesta del Departamento de Trabajo establece un mínimo de cinco actividades de búsqueda laboral por semana para recibir las prestaciones, un requisito más exigente que el vigente en la mayoría de los estados.
La iniciativa busca establecer un criterio común en todo el país. En la actualidad, cada estado tiene autonomía para definir sus propias condiciones de acceso al seguro de desempleo, aunque la legislación federal exige que los beneficiarios demuestren que buscan trabajo de manera activa. Según CBS News y CNBC, la mayoría de los estados requiere entre dos y tres actividades semanales. Solo cuatro establecen un mínimo de cinco, mientras que algunos aceptan una sola.
El Departamento de Trabajo sostiene que la falta de uniformidad genera diferencias en la aplicación de las reglas y puede provocar confusión entre quienes solicitan la ayuda. En el texto de la propuesta, la agencia argumentó que un piso nacional permitiría reforzar los controles, mejorar la administración del programa y favorecer el regreso de los beneficiarios al mercado laboral.
La administración de Donald Trump propuso exigir al menos cinco actividades semanales de búsqueda laboral para acceder al seguro de desempleo (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)
El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, defendió la medida como una herramienta para acelerar la búsqueda de empleo y garantizar un uso eficiente de los fondos públicos. “El seguro de desempleo está pensado para ser un apoyo temporal mientras encuentras tu próximo trabajo, no un sueldo permanente financiado por los contribuyentes”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
La normativa contempla distintas actividades para alcanzar el mínimo semanal. Además de presentar una solicitud laboral o ponerse en contacto con un posible empleador, los beneficiarios podrían acreditar que se registraron o comunicaron con una agencia de colocación, se inscribieron en un sindicato o participaron en otras instancias de búsqueda. También se permitiría que los estados incorporaran actividades adicionales.
El proyecto prevé cierta flexibilidad para adaptar las exigencias a las condiciones de cada mercado laboral. Los estados podrían implementar un sistema de puntos que asignara distinto valor a cada actividad y exigiera acumular al menos cinco por semana para conservar el derecho a cobrar la prestación.
El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, sostuvo que el subsidio debe funcionar como un apoyo temporal y no como un salario permanente (REUTERS/Al Drago)
Las críticas por el impacto en los desempleados y los estados
La propuesta generó objeciones de organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Sus representantes advierten que elevar el número de actividades obligatorias podría dificultar el acceso a una ayuda destinada precisamente a quienes atraviesan un período sin empleo.
Michele Evermore, directora sénior de seguridad económica y transiciones laborales del National Employment Law Project, cuestionó el alcance del cambio en declaraciones a CBS News y CNBC. Según explicó, no todos los desempleados cuentan con cinco oportunidades concretas de postulación cada semana. Además, consideró que la exigencia podría convertirse en una carga administrativa para quienes ya tienen dificultades para gestionar los sistemas estatales de prestaciones.
Evermore también advirtió sobre los costos de implementación. Para cumplir con la nueva norma, casi todos los estados tendrían que modificar sus formularios de solicitud y actualizar sus sistemas tecnológicos. Algunos, agregó, incluso deberían reformar sus leyes. La organización calcula que esos cambios podrían representar gastos de cientos de miles de dólares para las administraciones estatales.
La especialista cuestionó, además, que el Departamento de Trabajo pretenda modificar de manera unilateral la gestión de un programa que funciona bajo un esquema de responsabilidad compartida entre el Gobierno federal y los estados, sin una directiva clara del Congreso.
El debate se desarrolla en un mercado laboral que los economistas describen como de baja contratación y pocos despidos. De acuerdo con los datos citados por CNBC, en octubre el 27,6% de las personas desempleadas llevaba más de seis meses sin trabajo. Tres años antes, esa proporción era del 20,5%.
El Departamento de Trabajo reconoció que la implementación podría generar costos adicionales durante el período de adaptación, tanto para los estados como para los beneficiarios. Sin embargo, insistió en que la medida permitiría aclarar las condiciones de acceso y evitar que las diferencias entre jurisdicciones dejen afuera a personas que podrían reunir los requisitos.
La propuesta se publicará en el Registro Federal y, a partir de entonces, habrá un plazo de 60 días para que ciudadanos, organizaciones y autoridades estatales presenten observaciones antes de que avance el proceso de regulación. Hasta entonces, los requisitos vigentes en cada estado continuarán aplicándose.
con información de Infobae