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Jorge Ramos propone crear delito para sancionar el uso de vehículos ajenos como “mulas ciegas” en BC

La iniciativa plantea penas de hasta siete años de prisión para quienes oculten drogas, mercancías ilícitas o personas en vehículos de terceros sin su consentimiento, además de reconocer y proteger a las víctimas.

Mexicali, Baja California, 18 de noviembre de 2026.– El diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Víctimas de Baja California para crear el delito de utilización clandestina de vehículo ajeno y establecer medidas de protección para las personas afectadas por la práctica conocida como “mulas ciegas”.

La propuesta busca sancionar a quienes utilizan vehículos de ciudadanos para ocultar o introducir drogas, mercancías ilícitas o personas, sin que sus propietarios o conductores tengan conocimiento de ello. De acuerdo con el legislador, esta modalidad es utilizada por grupos delictivos y puede involucrar a personas inocentes en investigaciones penales.

“Nadie debería perder su libertad, su empleo o sus permisos de cruce por un delito que nunca cometió ni conoció. Esta iniciativa busca proteger a quienes han sido utilizados por la delincuencia organizada sin su consentimiento y garantizar que los verdaderos responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, expresó durante la exposición de motivos.

Ramos Hernández explicó que las personas afectadas pueden enfrentar detenciones, investigaciones, cancelación de permisos y programas de cruce fronterizo, pérdida de oportunidades laborales, daños patrimoniales y afectaciones a su reputación.

Entre los cambios propuestos se contempla establecer sanciones de hasta siete años de prisión para quienes incurran en esta conducta, así como agravantes cuando la víctima sea detenida o pierda sus permisos de cruce fronterizo.

La iniciativa también plantea penas más severas cuando los hechos sean cometidos por personas que tienen vehículos bajo su resguardo, como trabajadores de estacionamientos, talleres mecánicos o servicios de lavado; cuando se utilicen engaños mediante ofertas falsas difundidas en redes sociales, o cuando participe algún servidor público.

Además, propone reconocer expresamente como víctimas a las personas afectadas por esta práctica y fortalecer los mecanismos de apoyo institucional para facilitar la recuperación de documentos, permisos y programas de cruce fronterizo que pudieran resultar afectados.

“La delincuencia organizada no puede seguir operando a costa de ciudadanos inocentes. Estamos proponiendo cerrar un vacío legal, castigar esta conducta y brindar a las víctimas el respaldo institucional que necesitan para recuperar su estabilidad”, concluyó el diputado.

La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado y deberá continuar el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual aprobación.