Jaime Martínez Veloz informa que el día de hoy se realizará iba segunda ampliación de juicio político contra el senador Jaime Bonilla
- La declaración y la intervención en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde afirma que los hechos violentos de la semana pasada en el Estado se deben al incumplimiento de acuerdos del Gobierno actual de Baja California, con el crimen organizado, por lo cual Jaime Bonilla debe ser llamado por la autoridad, para que declare y responda a los siguientes cuestionamientos ¿Cuáles son los acuerdos que afirma que la actual gobernadora realizó y no cumplió?, ¿habla en su carácter de representante popular o como vocero de los cárteles? ¿Cómo sabe el exgobernador de dichos acuerdos?, ¿En qué consisten?, ¿Participó en los mismos, como actor o como intermediario?, ¿En dichos acuerdos, se incluye el contrato leonino de la planta fotovoltaica que pretendía endosar el Gobierno de Jaime Bonilla al actual Gobierno del Estado, el cual ha hecho la denuncia de este ante los órganos judiciales correspondientes?
- Con respecto al acuerdo de la planta fotovoltaica que el anterior Gobierno de Baja California pretendía construir, en condiciones desventajosas para el Estado, Jaime Bonilla declaró que el presidente de la República siempre estuvo de acuerdo con dicho proyecto. Cabría preguntar ¿La Presidencia de la República estaba de acuerdo con un proyecto sin sustento legal, que afectaría las finanzas públicas del Estado? ¿Tenía conocimiento de que en su aprobación y promoción existían violaciones a la legalidad en la materia y hechos de corrupción que hoy son del conocimiento público y del propio Gobierno Federal? ¿Es a este tipo de acuerdos a los que se refiere Bonilla, cuando dice que la Gobernadora Marina del Pilar no cumplió acuerdos a los que se comprometió?
- El hecho de haber contratado a un despacho foráneo conocido como FISAMEX, para realizar supuestas auditorías en materia de consumo de agua potable a empresas, comercios, clínicas, hoteles y edificios en general, las cuales según diferentes informaciones gubernamentales, que produjeron por concepto de multas y recargos de procedimientos de dudosa legalidad, 2 mil millones de pesos, de los cuales el despacho de FISAMEX, a través del Director de nombre Manuel García Soto, cobró el 20% de dichos ingresos, es decir 400 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, muchos de los cobros fueron realizados al margen del marco legal vigente, lo que ha motivado que muchos de los establecimientos que fueron multados mediante procedimientos ilegales, interpusieran amparos legales que han ganado en los tribunales locales, los cuales han resuelto que los cobros indebidos sean devueltos a los demandantes, lo cual se ha detenido debido a que el despacho de marras contratado por el ex gobernante está ilocalizable dado que ha huido del Estado y hasta hoy las autoridades no han podido dar con la ubicación del mismo, por ningún lado.
- En paralelo a los graves hechos señalados, cabe destacar, que previo a las declaraciones del Senador Jaime Bonilla, la Alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, en el mismo tenor a lo declarado por el ex gobernante de Baja California, el viernes 12 de agosto por la noche, en una conferencia de prensa, flanqueada por el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana y un mando militar del Ejército Mexicano y después en forma reiterada antes medios de comunicación locales y nacionales ha insistido en hacer afirmaciones en el mismo sentido del Senador Bonilla, declarando insólitamente, que quienes están detrás de los hechos violentos en Baja California, “le cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben”, lo cual constituye un acto de legitimación desde la autoridad, a las actividades de los grupos delictivos y una renuncia a las responsabilidades republicanas que la ley le obliga a ejercer, desde su cargo como Presidenta Municipal de Tijuana.
- Por ello y ante la similitud y sincronía de las declaraciones de la Alcaldesa de Tijuana con las del Senador Jaime Bonilla, solicitamos respetuosamente que en el desahogo del Juicio Político que hemos presentado, se cite ante la Comisión del Congreso de la Unión a la Alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, para que aclare, ratifique o rectifique sus declaraciones, donde conmina a los grupos del crimen organizado, a que “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben” y explique la sincronización de dichas afirmaciones, con las realizadas por el Senador Jaime Bonilla Valdez, dada la gravedad de los hechos y la situación de terror sufrida por la población bajacaliforniana, durante los días 12, 13 y 14 de Agosto del presente año, que ha continuado durante los días subsiguientes con una estela de homicidios y acciones criminales que han golpeado severamente a la población de Baja California.
ATENTAMENTE
Jaime Martínez Veloz
Ciudad de México a 24 de agosto del 2022