Impulsan regidora de Ensenada y diputado local iniciativas para fortalecer la protección animal en Baja California

Ensenada, Baja California, 14 de enero de 2025.
Con el objetivo de reforzar el marco legal y las políticas públicas en favor del bienestar animal, la regidora Ana Daniela García Salgado, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal del H. Ayuntamiento de Ensenada, sostuvo una reunión de trabajo con el diputado local Humberto Valle, en la que acordaron promover tres iniciativas conjuntas para atender de manera integral el maltrato, la crueldad y el abandono de animales en el estado.
Entre las propuestas destaca el endurecimiento de las sanciones por los delitos de maltrato y crueldad animal establecidos en el artículo 342 del Código Penal para el Estado de Baja California; así como el resguardo inmediato, atención médica veterinaria y protección de los animales víctimas cuando existan denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, se plantea la esterilización obligatoria como una medida preventiva clave para combatir la sobrepoblación y reducir los casos de abandono.

De acuerdo con estadísticas nacionales, en México existe una sobrepoblación superior a los 70 millones de perros y gatos, y se estima que 7 de cada 10 animales padecen algún tipo de maltrato, mientras que solo una mínima parte de los casos recibe sanción. En Baja California, autoridades y asociaciones civiles han alertado sobre el incremento constante de denuncias, lo que ha provocado la saturación de refugios y centros de atención.
La regidora y el legislador coincidieron en que estas reformas deben implementarse de manera coordinada con colegios de médicos veterinarios, asociaciones profesionales y organizaciones protectoras de animales, con el fin de establecer protocolos claros de atención, resguardo, valoración médica y seguimiento de los casos denunciados, además de fortalecer las estrategias de prevención y esterilización.
Ambos reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para consolidar una respuesta institucional más firme, coordinada y efectiva, en favor de los seres sintientes, reconocidos como tales por la Constitución del Estado de Baja California.