Impulsan reforma para garantizar validez de documentos vehiculares digitales en Baja California
Mexicali, 6 de abril de 2026.– La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en Baja California, con el objetivo de garantizar el reconocimiento oficial de las licencias de conducir y tarjetas de circulación en formato digital en todos los municipios del estado.
La propuesta contempla la adición del artículo 5 BIS, mediante el cual se establecerían mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Hacienda de Baja California y los ayuntamientos, a través de convenios, herramientas tecnológicas y capacitación, para homologar el uso de documentos digitales en todo el territorio estatal.
La legisladora señaló que, si bien el Gobierno del Estado ya implementó la expedición digital de estos documentos, aún existen diferencias en su reconocimiento entre municipios. Destacó que ciudades como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate ya han actualizado su normatividad, mientras que otras demarcaciones continúan en proceso de adecuación.
Esta falta de uniformidad ha generado afectaciones a automovilistas, ya que algunos agentes de tránsito siguen solicitando documentos físicos, pese a que las versiones digitales son válidas y vigentes. Incluso, se han registrado casos de retenciones indebidas o traslados ante autoridades para forzar el pago inmediato de multas.
Ante este panorama, la iniciativa plantea que la Secretaría de Hacienda establezca convenios con los municipios para implementar mecanismos de verificación electrónica, compartir plataformas tecnológicas y capacitar al personal encargado de aplicar la normativa de tránsito.
La diputada subrayó que la reforma respeta la autonomía municipal y busca fortalecer la coordinación institucional, facilitando la transición hacia una administración pública más moderna, eficiente y alineada con las nuevas herramientas digitales.
Finalmente, afirmó que esta propuesta contribuirá a brindar mayor certeza jurídica, prevenir abusos y simplificar trámites, avanzando hacia un modelo de movilidad más ágil, transparente y cercano a la ciudadanía.