Impulsa Poder Judicial de Baja California acciones para una justicia más ágil y accesible
Durante el último año se expidieron 8 mil 913 certificados de Firma Electrónica Certificada y se digitalizó el 74.46% de las certificaciones de documentos realizadas a peritos traductores.
Baja California, 6 de noviembre de 2026. Con el objetivo de ofrecer servicios de justicia más ágiles, accesibles y eficientes, el Consejo de Administración del Poder Judicial de Baja California impulsó durante el último año diversas acciones para mejorar la operación institucional, mediante herramientas digitales y la optimización de procedimientos.
Entre los resultados destaca la expedición de 8 mil 913 nuevos certificados de Firma Electrónica Certificada, herramienta que permite a las personas usuarias realizar gestiones y acceder a servicios judiciales en línea.
Asimismo, se efectuaron 6 mil 571 certificaciones de documentos suscritos por peritas y peritos traductores inscritos en el padrón vigente. De estos procedimientos, el 74.46% se realizó de manera digital, lo que facilitó su atención y redujo la necesidad de realizar trámites presenciales.
Como parte de las actividades institucionales, el Consejo llevó a cabo 111 sesiones plenarias, en las que se aprobaron 3 mil 231 acuerdos relacionados con el funcionamiento y desarrollo del Poder Judicial.
El trabajo administrativo también contempló el fortalecimiento de los recursos técnicos y profesionales que respaldan la impartición de justicia, mediante la incorporación de 31 nuevas especialidades al padrón de peritas y peritos, la realización de concursos de oposición para cargos judiciales y la expedición de instrumentos normativos para mejorar la organización institucional.
Además, a través de sus comisiones, se impulsaron programas de capacitación y profesionalización dirigidos al personal judicial.
Estas acciones forman parte de los resultados presentados por el magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, en su Informe de Gestión 2025-2026, y reflejan los esfuerzos de administración y coordinación para ofrecer servicios judiciales mejor organizados, herramientas más accesibles y una atención acorde con las necesidades de la ciudadanía.