Gobierno de Baja California instruye revisión de posibles contratos vinculados con empresas señaladas por OFAC
Mexicali, Baja California, 1 de octubre de 2026. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado realizar una revisión exhaustiva para determinar si las empresas recientemente señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relaciones contractuales con el Gobierno de Baja California.
La instrucción contempla que, en caso de identificarse antecedentes contractuales, los expedientes sean remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión y, en su caso, la actuación que corresponda conforme a la legislación vigente.
La medida se da después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 29 de septiembre sanciones contra personas y empresas que, según OFAC, estarían vinculadas con redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre las personas señaladas se encuentra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora.
La mandataria estatal señaló que las contrataciones públicas deben analizarse conforme a la información disponible, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento en que fueron celebradas.
“Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control”, sostuvo.
Como parte de las medidas preventivas anunciadas, el Poder Ejecutivo estatal determinó que las personas físicas o morales señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no podrán participar en licitaciones estatales mientras no aclaren formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
El Gobierno del Estado indicó que la revisión también contempla los contratos relacionados con equipamiento, suministros e infraestructura técnica para seguridad pública. Asimismo, precisó que la custodia y administración de los sistemas y bases de datos institucionales corresponden exclusivamente al personal facultado de las corporaciones de seguridad estatal.
La administración estatal puntualizó además que organismos con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa, como la Fiscalía General del Estado, cuentan con sus propios procesos de adquisición y resguardo documental.
Marina del Pilar señaló que la revisión tendrá como objetivo documentar los antecedentes y determinar si existe alguna irregularidad o riesgo que deba ser atendido por las autoridades competentes.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó.
