La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es una inminente violación a los derechos humanos, así lo consideran tratados internacionales de los cuales México es parte. Este argumento lo utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra una reforma de 2019 que busca regular la estancia del ejército en las calles.
De acuerdo con documentos filtrados en los Guacamaya Leaks –revisados por Publimetro–, la Sedena tuvo una postura en contra de la “Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, iniciativa presentada en abril de dicho año por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota.
La posición institucional del ejército mexicano –confirmada por la Unidad de Asuntos Jurídicos en agosto de 2019– surgió a petición de la Secretaría de Gobernación (Segob), ello a través del Sistema de Automatización de Opiniones (SAO).
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos es del criterio de que las fuerzas armadas no participen en tareas de seguridad pública, considerando esta actividad como una inminente violación a los derechos humanos y que es propia y exclusiva de los cuerpos policiales”, señala la Sedena en el escrito.
El pasado septiembre, cabe destacar, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para dar al ejército mexicano el control de la Guardia Nacional –un órgano de seguridad pública–; un mes después avaló hasta 2028 la estancia en las calles de las fuerzas armadas. Esto impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y apoyado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.