Diputado Juan Manuel Molina Propone Limitar Salarios y Pensiones de Servidores Públicos en Baja California
Con el objetivo de fortalecer la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en Baja California.
La propuesta busca armonizar la Constitución estatal con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal, en cumplimiento del mandato emitido por el Congreso de la Unión para adecuar el marco jurídico local dentro de un plazo de noventa días.
De acuerdo con el legislador, la reforma plantea que las remuneraciones de los servidores públicos sean acordes a la situación económica de la entidad y a las condiciones de la Hacienda Pública estatal, además de prohibir que cualquier funcionario perciba un salario superior al asignado a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Asimismo, la iniciativa establece que ningún servidor público podrá recibir ingresos iguales o mayores a los de su superior jerárquico, salvo en casos excepcionales relacionados con funciones técnicas especializadas o condiciones contractuales previamente justificadas.
Otro de los puntos centrales contempla la obligación de transparentar los tabuladores salariales, detallando de manera pública todos los componentes de las percepciones económicas, incluyendo prestaciones fijas, variables, en efectivo o en especie.
La propuesta también extiende estos criterios a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza que labore en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos estatales y municipales, las cuales deberán ajustarse a los límites máximos previstos en la Constitución Federal.
Molina García señaló que la iniciativa busca eliminar privilegios y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones mediante un esquema de remuneraciones basado en los principios de austeridad, proporcionalidad y justicia distributiva en el ejercicio del gasto público.
El legislador subrayó que permitir prestaciones o ingresos por encima de los límites constitucionales representa un uso inadecuado de los recursos públicos y contraviene los principios de equidad que deben regir la administración gubernamental.
