Diputado Humberto Valle solicita revisar operativos de seguridad en las inmediaciones de la garita de Tecate

Mexicali, Baja California, 25 de julio de 2026.– El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado para que solicite al Gobierno de México la revisión de los operativos de seguridad que se realizan en las inmediaciones del puerto fronterizo de Tecate.
El legislador señaló que ciudadanos y comerciantes de la localidad han expresado inquietudes por la presencia de unidades de seguridad que, presuntamente, realizan revisiones a personas que ingresan desde Estados Unidos sin que exista una aparente situación de flagrancia, denuncia o mandato judicial que justifique la intervención.
Valle Ballesteros advirtió que estas prácticas podrían generar actos de molestia que vulneren los principios constitucionales de seguridad jurídica, por lo que consideró necesario revisar que dichos operativos se desarrollen dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, planteó que, a través de los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales, se solicite una evaluación de estas acciones para garantizar que su aplicación se encuentre debidamente fundamentada y motivada conforme a la Constitución y los tratados internacionales en la materia.
El diputado destacó que, si bien las corporaciones de seguridad tienen la responsabilidad de combatir la delincuencia, estas acciones no deben derivar en revisiones generalizadas o indiscriminadas hacia personas cuyo único vínculo sea haber cruzado recientemente la frontera.
Asimismo, recordó que el principio de presunción de inocencia establece que ninguna persona puede ser considerada sospechosa únicamente por su procedencia o por haber ingresado al país a través de un puerto fronterizo.
Finalmente, aclaró que el exhorto no busca obstaculizar las labores de seguridad ni debilitar las estrategias contra la delincuencia organizada, sino fortalecer el Estado de Derecho mediante el respeto a las garantías constitucionales y el principio de legalidad en toda actuación de la autoridad.