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Diputada Santa Alejandrina Corral propone fortalecer la protección de escuelas en Baja California

Mexicali, Baja California, 5 de agosto de 2026.– La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California con el objetivo de establecer un modelo permanente de gestión integral de riesgos que permita proteger la infraestructura educativa y garantizar la continuidad de las actividades escolares.

La propuesta busca que la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con las instancias competentes, implemente mecanismos para prevenir, atender y mitigar riesgos que puedan afectar los planteles, con la finalidad de resguardar el patrimonio educativo y evitar la interrupción del servicio por robos, vandalismo o contingencias.

La legisladora señaló que el derecho a la educación no solo depende de la calidad de la enseñanza, sino también de que las escuelas cuenten con instalaciones seguras y en condiciones adecuadas para recibir al alumnado.

Explicó que en diversos planteles de Baja California se han registrado robos, daños en instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como actos vandálicos y sustracción de equipo, situaciones que en algunos casos han provocado la suspensión de clases durante semanas o incluso meses.

Corral Quintero indicó que, mientras se realizan los procesos administrativos y se obtienen los recursos necesarios para reparar los daños, miles de estudiantes resultan afectados, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones preventivas y reducir los tiempos de respuesta institucional.

La iniciativa plantea que las autoridades educativas identifiquen y evalúen riesgos, diseñen estrategias preventivas, implementen mecanismos para atender oportunamente las afectaciones y contemplen instrumentos administrativos, financieros o presupuestarios, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, además de fortalecer la coordinación entre las dependencias involucradas.

La diputada aclaró que la propuesta no invade facultades del Poder Ejecutivo ni obliga a contratar seguros o realizar gastos específicos, sino que incorpora un principio rector dentro de la Ley de Educación para que la autoridad determine las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para su aplicación.

Asimismo, destacó que la implementación del modelo sería gradual, utilizando los recursos ya autorizados para las dependencias competentes, sin crear nuevas estructuras administrativas ni generar erogaciones extraordinarias, con el propósito de fortalecer la seguridad y operatividad de los planteles educativos en el estado.