La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) consideró que el reciente incremento al salario mínimo en la frontera norte es un ajuste socialmente justificable, pero advirtió que su impacto será limitado si no se acompaña de una estrategia nacional que impulse la productividad y el crecimiento económico.
Así lo expresó José Luis Contreras Valenzuela, presidente de la AIMO, quien explicó que el aumento del 5% para la región fronteriza, menor al 13% aplicado al resto del país, obedece a que esta zona ha tenido una recuperación más acelerada del poder adquisitivo en los últimos años.
“El salario mínimo fronterizo llegará a 487 pesos diarios, equivalente a 2.8 canastas básicas. El ajuste es razonable; es importante dejar claro que el sector empresarial no se opone al alza salarial. Lo que preocupa es la falta de acompañamiento por parte del sector público”, señaló.
Contreras Valenzuela subrayó que los incrementos al salario mínimo son absorbidos directamente por las empresas, no representan un logro gubernamental, y suceden en un contexto donde la informalidad alcanza ya al 55% de la población ocupada.
En ese sentido, advirtió que aunque el incremento salarial es manejable, otras reformas laborales —como la reducción de la jornada a 40 horas— elevan significativamente los costos de operación y presionan a una economía que no está generando los empleos necesarios para una población en crecimiento.
“Este año la economía apenas generará 480 mil empleos, cuando la demanda natural es de un millón. Arrastramos un rezago estructural desde hace años, agravado por la falta de inversión pública en infraestructura, tecnología y formación de capital humano”, afirmó.
El dirigente empresarial señaló además que, mientras aumentan los costos laborales, la productividad nacional ha caído más del 7% anual en los últimos seis años, según datos de la OCDE, lo que coloca al país en una situación vulnerable: salarios al alza en una economía que crece por debajo del 1%.
Asimismo, indicó que el paquete de reformas laborales y nuevas disposiciones fiscales incorpora un componente recaudatorio que encarece la unidad de trabajo hasta en un 47%, sin que esto represente un beneficio equivalente para el trabajador.
Finalmente, Contreras Valenzuela hizo un llamado a replantear la política pública nacional, priorizando la inversión en educación, ciencia, tecnología y capital humano, así como la reorientación del gasto social hacia actividades productivas que generen valor, empleo y crecimiento sostenible.