Mexicali, Baja California, 13 de agosto de 2026.— Con 21 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de San Quintín para facilitar procesos de regularización territorial a favor de trabajadores agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios.
La reforma contempla una exención del 100 por ciento en diversos derechos municipales relacionados con la regularización de terrenos, vivienda social y acciones contempladas en el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.
Entre los conceptos que podrán quedar exentos, dependiendo de las características de cada trámite, se encuentran la factibilidad de uso de suelo, deslinde, verificación o revisión técnica catastral y asignación de clave catastral urbana en nuevos fraccionamientos.
Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Julia Andrea González Quiroz, explicó que la medida busca contribuir a resolver rezagos en materia de regularización patrimonial, infraestructura urbana y acceso a servicios esenciales.
El beneficio estará dirigido a personas residentes que sean trabajadores agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios de San Quintín, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Entre las condiciones se contempla que el predio tenga una superficie máxima de 500 metros cuadrados, que su valor fiscal no supere las 10 mil UMAs y que cada persona pueda regularizar o titular únicamente un predio.
De acuerdo con el dictamen, estos criterios buscan focalizar el beneficio hacia sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y patrimonial, particularmente en casos donde los terrenos permanecen en proceso de regularización.
La reforma también considera que la exención temporal contribuye a reducir las barreras económicas relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra, la incorporación de asentamientos al desarrollo urbano y el acceso a servicios públicos básicos.
El Congreso estatal señaló que estas acciones se encuentran vinculadas con la garantía del derecho a una vivienda adecuada, establecido en el artículo 4º de la Constitución Mexicana, al facilitar que las familias puedan avanzar en la regularización de sus propiedades y acceder formalmente a servicios esenciales.