Congreso de Baja California impulsa propuesta para que policías porten armas fuera de servicio
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión y plantea licencias especiales con capacitación, evaluaciones periódicas y controles para la portación de armas con fines de legítima defensa.
Mexicali, Baja California, 10 de octubre de 2026.– La XXV Legislatura de Baja California aprobó remitir al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de permitir que integrantes de instituciones policiales y de procuración de justicia porten armas para su legítima defensa personal fuera de sus funciones oficiales.
El planteamiento fue presentado por el diputado Juan Manuel Molina García y está contenido en el Dictamen número 115 de la Comisión de Gobernación. La propuesta busca establecer una licencia individual especial sujeta a requisitos y controles específicos.
Durante el análisis, el legislador argumentó que los riesgos asociados a la función policial pueden continuar después de concluir la jornada laboral, por lo que consideró necesario ampliar las medidas de protección para quienes participan en tareas de seguridad pública y procuración de justicia.
Como antecedente, el Congreso estatal había aprobado una reforma local sobre esta materia; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidó al determinar que la regulación corresponde al ámbito federal. Por este motivo, la nueva propuesta será turnada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.
La iniciativa plantea que elementos de instituciones policiales y de procuración de justicia de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, puedan solicitar una licencia individual especial para portar un arma de fuego destinada a su legítima defensa personal fuera del servicio.
Entre los requisitos contemplados se encuentran la capacitación continua en legítima defensa y manejo responsable de armas, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, así como la revisión de antecedentes penales y disciplinarios.
Además, se proponen controles sobre el tipo de arma autorizada, su registro individual y la obligación de reportar incidentes relacionados con su uso. El incumplimiento de las disposiciones podría derivar en sanciones como la revocación de la licencia, el decomiso del arma y las responsabilidades penales correspondientes.
De acuerdo con el planteamiento, la autorización tendría alcance nacional, con las restricciones territoriales que determine la autoridad competente.
La propuesta deberá ser analizada por el Congreso de la Unión, instancia facultada para legislar en materia federal de armas de fuego.
