El Congreso del Estado de Baja California emitió la declaratoria de procedencia de la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con lo que concluyó el proceso legislativo y otorgó plena vigencia a las modificaciones constitucionales relacionadas con el denominado “Plan B Local”, enfocado en medidas de austeridad, representación democrática y disciplina presupuestal.
Durante la sesión ordinaria de este domingo, las y los legisladores aprobaron la declaratoria correspondiente a las reformas de los artículos 5, 14, 78, 79 y 90 de la Constitución local, en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 112.
Entre los principales cambios, la reforma establece que las consejerías del Instituto Estatal Electoral ejercerán un cargo por un periodo de siete años sin posibilidad de reelección. Además, sus percepciones económicas deberán apegarse al límite salarial federal y se elimina la posibilidad de recibir seguros privados u otras prestaciones especiales financiadas con recursos públicos.
Asimismo, se crea un Órgano Interno de Control con facultades para supervisar el manejo de los recursos del Instituto Estatal Electoral, con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Las modificaciones también contemplan nuevas restricciones para las personas servidoras públicas electorales, quienes no podrán desempeñar cargos de dirigencia partidista ni contender por puestos de elección popular durante los dos años posteriores al término de sus funciones, buscando garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus responsabilidades.
En el ámbito legislativo, la reforma incorpora los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos internos del Congreso del Estado, con el objetivo de fortalecer una representación equitativa.
En materia financiera, se establece que el Poder Legislativo no podrá ejercer un presupuesto superior al 0.70 por ciento del gasto estatal y se prevé una reducción acumulada del 15 por ciento durante los próximos cuatro ejercicios fiscales. Los recursos derivados de estas medidas deberán destinarse a proyectos de infraestructura pública.
Para los ayuntamientos, la reforma fija un máximo de 15 regidurías y dispone que su integración deberá observar los principios de paridad vertical y horizontal, así como de igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Con la emisión de esta declaratoria concluye el procedimiento constitucional para la entrada en vigor de las reformas, las cuales buscan fortalecer la disciplina financiera, promover una representación política más equitativa y reforzar los mecanismos de transparencia en las instituciones públicas de Baja California.