Congreso de Baja California exhorta a investigar posible usurpación de funciones policiales
Mexicali, Baja California, 5 de mayo de 2026.– El Congreso del Estado de Baja California emitió un exhorto dirigido a la Secretaría General de Gobierno de Baja California, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y la Fiscalía General del Estado de Baja California, para investigar y prevenir la posible usurpación de funciones policiales, así como el uso indebido de unidades y equipamiento de seguridad pública.
El punto de acuerdo fue impulsado por el diputado Fidel Mogollón Pérez, quien señaló que la seguridad pública debe ejercerse bajo principios de legalidad, certeza y profesionalismo, garantizando en todo momento la correcta identificación de las autoridades ante la ciudadanía.
El legislador advirtió que la confianza pública depende de la certeza de que quienes portan uniformes, operan patrullas o realizan actos de autoridad cuentan con facultades legales debidamente conferidas, situación que —indicó— se ha visto cuestionada por reportes recientes.
Asimismo, se refirió a la difusión de materiales audiovisuales y testimonios que evidencian la presencia de unidades con apariencia oficial cuyos ocupantes no portan identificación visible, utilizan vestimenta no reglamentaria o incluso ocultan su identidad, lo que genera incertidumbre sobre la legitimidad de sus acciones.
El documento también señala posibles casos en los que estas personas han realizado actos propios de autoridad, como detenciones o retenciones, sin claridad sobre su sustento legal, lo que podría derivar en violaciones a derechos fundamentales e incluso en conductas ilícitas.
De igual forma, se advierte sobre la presencia de estas unidades en fraccionamientos y vialidades privadas, lo que incrementa los riesgos para la seguridad y el patrimonio de las familias.
Ante este panorama, el exhorto plantea la implementación de acciones coordinadas de verificación, supervisión y control sobre el uso de unidades, uniformes, insignias y equipamiento de seguridad pública, así como la investigación de posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones.
Finalmente, se solicita a las autoridades informar al Congreso sobre las acciones emprendidas y sus resultados, con el fin de garantizar que la seguridad pública sea ejercida exclusivamente por instancias facultadas, fortaleciendo el Estado de Derecho.
