Mexicali, Baja California, 28 de agosto de 2026.– El Congreso del Estado de Baja California aprobó en sesión de Pleno tres dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dos de ellos relacionados con solicitudes del Poder Judicial para fortalecer la operación de los tribunales de Oralidad Civil y Familiar en Tecate y Guadalupe Victoria.
Con 23 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, las diputaciones avalaron el Dictamen No. 144, mediante el cual se autoriza la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir sueldos y prestaciones derivados de la creación de 31 plazas que serán destinadas a las áreas operativas y administrativas del Tribunal de Oralidad Civil y Familiar en el partido judicial de Tecate.
De acuerdo con lo aprobado, este tribunal contempla iniciar funciones durante agosto de 2026, como parte del proceso de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California.
Posteriormente, el Pleno aprobó con 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el Dictamen No. 145, correspondiente a una solicitud de ampliación de recursos para garantizar la suficiencia presupuestal destinada a sueldos y prestaciones de cinco nuevas plazas.
Estas posiciones serán incorporadas a las áreas administrativas y operativas del Tribunal de Oralidad Civil en Guadalupe Victoria, cuya entrada en funcionamiento está prevista para septiembre de este año.
Ambos dictámenes fueron presentados ante el Pleno por la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julia Andrea González Quiroz.
Apoyo a trabajadores agrícolas de San Quintín
En la misma sesión, las diputaciones aprobaron por 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el Dictamen No. 146, relacionado con una iniciativa para adicionar el artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de San Quintín para el ejercicio fiscal 2026.
La modificación busca ampliar y precisar los supuestos contemplados en la medida temporal de exención de derechos municipales que fue aprobada previamente.
Con ello, se pretende que dicha exención pueda aplicarse de manera integral a diversos procedimientos administrativos relacionados con la regularización territorial, vivienda social, incorporación a servicios básicos y ordenamiento de asentamientos humanos.
La medida estará dirigida a las personas trabajadoras agrícolas que cumplan con los requisitos establecidos en la disposición, en el marco de las acciones contempladas en el Plan de Justicia para las Personas Trabajadoras Agrícolas de San Quintín.
