Mexicali, B.C., lunes 31 de agosto de 2026.– Con 23 votos a favor, el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con la que se establece un nuevo marco jurídico para transformar la estructura y funcionamiento de la institución encargada de la impartición de justicia en la entidad.
La nueva legislación surge como consecuencia de la reforma constitucional federal publicada el 15 de septiembre de 2024, mediante la cual se estableció la elección democrática de magistraturas y jueces, además de sustituir al Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Ante estos cambios, resultó necesario actualizar el marco jurídico estatal para establecer las atribuciones y mecanismos de funcionamiento de las nuevas instituciones, bajo principios de autonomía, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Uno de los principales cambios contempla una separación de funciones entre los órganos responsables de la administración y de la disciplina judicial, con el propósito de evitar la concentración de atribuciones y fortalecer los mecanismos de control dentro del Poder Judicial.
El Consejo de Administración Judicial será responsable de administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial, así como de coordinar la formación y capacitación de las personas juzgadoras. También tendrá facultades para investigar y resolver responsabilidades administrativas no graves, a través del Órgano Interno de Control y del Pleno del propio Consejo.
Para garantizar su operación, la nueva estructura contempla la reglamentación de distintas unidades administrativas, entre ellas la Escuela de Formación Judicial y el Archivo Judicial, consideradas elementos fundamentales para mejorar la eficiencia institucional y la calidad en la impartición de justicia.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial funcionará como un órgano especializado e independiente encargado de la vigilancia y disciplina del personal jurisdiccional. Entre sus atribuciones estará la imposición de amonestaciones, sanciones económicas, suspensiones e inhabilitaciones, además de la posibilidad de presentar denuncias penales cuando se advierta la probable comisión de algún delito.
Este órgano también tendrá facultades para resolver controversias laborales internas entre el Poder Judicial y su personal, así como para evaluar el desempeño de Magistraturas, Juezas y Jueces.
Como parte del proceso de armonización legislativa, el Congreso del Estado aprobó además modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, con el objetivo de delimitar competencias y reconocer formalmente las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial.
Con la aprobación de esta legislación también queda abrogada la Ley Orgánica del Poder Judicial publicada en el Periódico Oficial No. 49, el 4 de octubre de 1995, al considerar que su contenido resulta insuficiente frente a la nueva estructura institucional derivada de la reforma constitucional federal.
El Dictamen No. 105 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue presentado ante el Pleno por el diputado Juan Manuel Molina García, en representación de las fracciones parlamentarias de Morena y PVEM.
Durante la presentación del dictamen se destacó que la creación y reglamentación del Consejo de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial representan una modificación sustancial en la organización del Poder Judicial de Baja California.
De acuerdo con lo expuesto por las fracciones promoventes, la nueva estructura busca fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un sistema de impartición de justicia con mayores niveles de transparencia, disciplina, eficiencia y rendición de cuentas.
