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Buscan hacer más justo el cobro del servicio de agua en viviendas y locales rentados

Mexicali, Baja California, 24 de mayo de 2026.- El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó una iniciativa de reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, con el objetivo de establecer un esquema más justo y equitativo en el pago de adeudos relacionados con este servicio.

La propuesta busca que los arrendatarios sean responsables de cubrir los consumos de agua generados durante el tiempo en que habiten o utilicen un inmueble rentado, evitando que los propietarios tengan que asumir deudas acumuladas por terceros.

El legislador explicó que actualmente muchos inquilinos abandonan viviendas o locales comerciales dejando adeudos importantes por el servicio de agua potable, situación que termina afectando directamente a los arrendadores, quienes en numerosas ocasiones enfrentan montos elevados e incluso impagables.

Asimismo, señaló que esta problemática ha convertido el arrendamiento en una actividad cada vez más riesgosa y menos rentable, provocando que algunos propietarios opten por no rentar sus inmuebles o imponer requisitos excesivos ante el temor de quedar responsables de deudas ajenas.

De acuerdo con Humberto Valle, la legislación vigente establece una responsabilidad solidaria absoluta entre arrendador y arrendatario, permitiendo que la autoridad cobre la totalidad del adeudo a cualquiera de las partes, sin distinguir quién generó el consumo o durante qué periodo ocurrió.

Por ello, la iniciativa plantea modificar la fracción III del artículo 16 para precisar que la obligación solidaria únicamente aplicará cuando pueda demostrarse que el adeudo fue generado mientras el arrendatario ocupaba el inmueble, mediante contratos de arrendamiento u otros medios de prueba fehacientes.

El diputado subrayó que la propuesta no pretende deslindar a propietarios que sí hayan generado consumos sin pagar, sino establecer límites razonables que eviten abusos y protejan el patrimonio de pequeños y medianos arrendadores, garantizando al mismo tiempo que la autoridad pueda cobrar a los verdaderos responsables del adeudo.