Aprueba Congreso reforma a la Ley del Servicio Civil en materia de capacitación obligatoria en género
Mexicali, B.C., domingo 1 de marzo de 2026.– El Congreso del Estado aprobó el Dictamen Número 11 de la Comisión de Igualdad de Género, mediante el cual se reforma la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, para establecer como obligación que las personas trabajadoras reciban y acrediten capacitación obligatoria en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
La reforma deriva de la iniciativa presentada por el diputado Diego Lara Arregui y fue aprobada por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes.
El dictamen estipula como requisito obligatorio la participación en capacitaciones en género para toda persona que ocupe un cargo público, armonizando así la Ley del Servicio Civil con la normativa estatal en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que la violencia de género es una problemática estructural que también se manifiesta en espacios institucionales. Aunque la Ley de Capacitación en Materia de Género ya contempla la obligatoriedad de formación para personas servidoras públicas, esta disposición no estaba expresamente incluida en la Ley del Servicio Civil, lo que representaba una barrera para lograr una transformación institucional efectiva.
Durante el análisis, la Comisión dictaminadora valoró el principio de progresividad de los derechos humanos, así como los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención de Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con la reforma aprobada, se adiciona una fracción X al artículo 53 para establecer como obligación de las personas trabajadoras “recibir y acreditar las capacitaciones obligatorias en materia de género, de prevención y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, fortaleciendo el marco jurídico estatal en esta materia.
El diputado Diego Lara destacó que esta formación constante representa no solo un derecho, sino también una responsabilidad ética, política y social, al ser una vía estratégica para construir instituciones sólidas, equitativas y libres de violencia.